El Estado y los bingos
Para ser francos, no hay quien pudiera adelantar el sorpresivo cambio de gabinete ocurrido esta semana. No es que esto sea un hecho inédito en la gestión de los gobiernos, de hecho, los cambios de gabinete ocurren en momentos en que los presidentes requieren dar señales de renovación de sus equipos o giros en su administración. Lo que sucede es que después de que el propio gobierno había minimizado las múltiples “salidas de libreto” de su ministro de Educación, asumiendo incluso el costo que ello había significado en términos de apoyo en las encuestas, nos encontramos de pronto con un ajuste ministerial que sin duda tuvo como protagonista principal a la autoridad cuestionada, más allá de los limitados ajustes en otras carteras.
Lo anterior muestra que, más allá del discurso público o de lo que el Ejecutivo señaló en un principio, restándole importancia a la incontinencia verbal de la autoridad de Educación, la acumulación de desafortunados dichos del ministro encontraron la gota que rebalsó el vaso en su intervención respecto a la política de los bingos para solucionar los problemas de infraestructura educacional. Más allá de la anécdota, el problema que se plantea de fondo y para el cual será necesario que exista claridad es la respuesta a una pregunta que está al centro de este debate: ¿quién es el encargado de resolver los problemas públicos? He aquí el dilema de fondo en la solución del bingo, que me temo no está resuelto del todo.
En efecto, no se trata solo de la forma de expresarlo, sino que de lo que hay tras esa frase, pero sobre todo cuánto comparte la actual administración y su coalición esta manera de dar solución a los problemas que enfrentan las comunidades, en especial los sectores más vulnerables del país a los que seguramente pertenecen esos colegios que solicitaban al ministro una solución a sus problemas de infraestructura. Por cierto, no se trata de hacer con esto una caricatura respecto a la ideologización del debate, porque eso es aplicar criterios reduccionistas a temas centrales de nuestra convivencia, pero lo cierto es que tras esta mirada hay formas de enfrentar los problemas públicos que para unos debieran ser resorte y responsabilidad del Estado, mientras que para otros se requiere respuesta privada e iniciativa personal.
En materia de educación este tema fue quedando medianamente resuelto en los debates legislativos de los últimos años post movimiento estudiantil, dado que se instaló una agenda en el Congreso que finalmente terminó por aprobarse, basada fundamentalmente en la idea que la educación, en sus distintos niveles, es un derecho que el Estado debe garantizar, especialmente para los sectores vulnerables y no un bien de consumo, que implique deuda para las familias. No obstante, existe todavía en Chile una serie de otras materias donde es aún preciso señalar y establecer responsabilidades e iniciativa.
Así, por ejemplo, en materia de pensiones es preciso establecer de que manera el Estado concurrirá a garantizar pensiones dignas en base a la solidaridad y no sólo a la capitalización individual o en materia de salud, como se garantizará el derecho a prestaciones de calidad, especialmente para la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos que son usuarios del sistema público o la forma en que el Estado concurre a reconocer derechos universales en las prestaciones de salud, especialmente cuando las personas enfrentan enfermedades complejas y de alto costo.
No se trata, por tanto, de un reduccionismo basado en la ideología, sino que de una manera de concebir un modelo de desarrollo donde los problemas públicos requieren también una mirada y soluciones colectivas y no sólo la iniciativa privada o particular. Este es, sin duda, un debate que debiera convocarnos a todos.