El Papa, Lula y la reunión en Santa Marta
El 2 de agosto pasado el Papa Francisco recibió en la residencia de Santa Marta al ex canciller de Brasil Celso Amorim, el ex jefe de gabinete del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, Alberto Fernández, y el ex senador chileno Carlos Ominami. La cita fue solicitada, según sostienen quienes participaron en ella, expresamente para plantear la situación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y lo que califican de “politización de la justicia”. El exmandatario brasileño se encuentra cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero y la sentencia no sólo fue ratificada en segunda instancia, sino que incluso el Supremo Tribunal Federal rechazó un recurso de habeas corpus que resolvió que el exmandatario debía comenzar a cumplir su pena.
Nadie puede cuestionar el legítimo derecho del Papa en su calidad de líder religioso de entregar apoyo espiritual a quien estime conveniente o incluso a quien ha sido condenado por algún delito. Pero el Pontífice tampoco puede obviar su calidad de jefe de Estado y los efectos políticos de sus actos. Si bien en este caso no hubo una declaración oficial del Vaticano ni se informó de un apoyo explícito del Papa al expresidente, es evidente que la reunión en sí misma y la rapidez con que fue concedida –se solicitó solo “días antes”, según uno de los asistentes- entregan una señal preocupante, porque Francisco aparece no sólo respaldando a un exmandatario condenado por corrupción sino que avalando los cuestionamientos a las decisiones autónomas del sistema judicial de un tercer país.
Lo anterior es aún más grave si como se asegura, el Papa hizo referencia durante la cita a un mensaje que entregó en mayo pasado y en el que criticaba lo que considera la “politización de la justicia”. “En la vida civil, en la vida política, cuando se quiere hacer un golpe de estado los medios comienzan a hablar mal de la gente, de los dirigentes y (…) los ensucian. Después entra la justicia, los condena y, al final, se da el golpe de estado” dijo en esa ocasión el Papa. Unas palabras que inevitablemente adquieren una dimensión distinta a la luz de la cita en Santa Marta. El encuentro entrega, además, una señal preocupante y contradictoria frente a la corrupción, un delito por el cual fue condenado Lula y que el Papa calificó en su reciente viaje a Perú como un “un virus social” que corrompe la democracia y cuyo combate “exige el compromiso de todos”.