JUECES Y ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
SEÑOR DIRECTOR
La acusación constitucional contra jueces de tribunales superiores es sin duda una institución propia de nuestro orden constitucional, pero que está dentro de aquellas atentatorias para la independencia (externa) que debe garantizarse a los jueces. La propia Corte Interamericana ha llamado la atención sobre el juicio político contra jueces, como una amenaza para el propio sistema democrático.
La declaración de la Corte Suprema que rechaza una acusación anunciada en su contra, entonces, invoca correctamente principios fundamentales del Estado de democrático, principios a los que como Asociación de Magistrados adherimos y defendemos.
Con todo, llama la atención el silencio que la Corte Suprema ha manifestado sobre instituciones que afectan la independencia (interna) de los jueces, lesionando el mismo bien democrático que se señala ahora amenazado. Estas agresiones se manifiestan en múltiples controles de la propia Corte que inciden en las decisiones de los jueces, ejercidas por vía de Auto Acordado, procedimientos disciplinarios sin proceso debido (en que juzga muchas veces el contenido de sus resoluciones), instrucciones directas, entre otras prácticas ajenas al control lícito recursivo de la actividad jurisdiccional.
Esta concepción del juez como funcionario subordinado se encuentra en las antípodas de la noción de juez independiente que debe consagrar el Estado de derecho. Se precisa entonces una reforma integral que permita reordenar las cosas en clave democrática, tarea a la que convocamos a unirse al legislador y la propia Corte Suprema, preocupada de la defensa de la independencia judicial.
Álvaro Flores Monardes
Pdte. Asociación Nacional de Magistrados