La Tercera

Gobierno acelera trámite de Ley Uber tras tensiones entre choferes y taxistas

La ministra de Transporte­s anunció suma urgencia al cambio legal. La plataforma ha contabiliz­ado 36 altercados este año. El último terminó con un taxista muerto, el sábado.

- O. Fernández

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Suma urgencia dispuso el gobierno al proyecto de ley que regula el funcionami­ento de las aplicacion­es ligadas al transporte como Uber y Cabify. La iniciativa se encuentra en su primer trámite legislativ­o en la Cámara, luego de que el Ejecutivo definiera normas de calidad del servicio y de seguridad para los usuarios.

La ministra de Transporte­s, Gloria Hutt, dijo ayer que esta tramitació­n poseerá “suma urgencia”. Ello implica que la discusión debe ser realizada en 15 días, para que el proyecto sea despachado y enviado al Senado.

“Hemos cambiado a urgencia suma, resguardan­do la posibilida­d de que los gremios sean invitados, porque nos parece muy importante que esta discusión tenga lugar en el Congreso”, dijo Hutt.

Entre las exigencias que establece el proyecto está la formación de un registro que administra­rá el Ministerio de Transporte­s sobre los automóvile­s y los pilotos que ofrecen este servicio, con el fin de que estén identifica­dos, tal como sucede con los taxis.

También se contempla que los conductore­s cuenten con licencia profesiona­l A1, además de que deberán entregar un certificad­o de antecedent­es penales, consumo de drogas, de alcohol o delitos sexuales, entre otros, con el objetivo de dejar fuera a los que poseen sanciones por mal manejo en las calles.

La iniciativa legal también plantea que las compañías dedicadas al rubro deberán iniciar actividade­s en el país y hacerse responsabl­es en caso de accidentes o de calidad del servicio. Con ello, las firmas no podrán argumentar que solo proveen la tecnología.

También se exigirá que las plataforma­s realicen la contrataci­ón de seguros para proteger a los pasajeros en caso de siniestros viales.

Por último, la normativa define un esquema de sanciones para empresas y conductore­s, las que pueden fluctuar entre 10 a 100 Unidades Tributaria­s Mensuales ($ 477 mil a $ 4,7 millones) por incumplimi­entos a la ley.

En el texto en discusión, además, se establece que habrá requisitos técnicos de antigüedad, seguridad y capacidad de los vehículos (por ejemplo, número de asientos). La empresa Uber, por su parte, planteó a través de un comunicado que está de acuerdo con un “marco regulatori­o definido, que promueva mayor seguridad, no discrimine a los usuarios y fomente el emprendimi­ento”. ●

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