DD.HH. Y PUNTA PEUCO
SEÑOR DIRECTOR
En los últimos días ha cobrado gran y esperado impacto la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, que otorgó beneficios carcelarios a algunos exuniformados que cumplen condena por violación a los DD.HH.
Con justificada reacción, los familiares sobrevivientes de las víctimas de tales violaciones han protestado por dicha resolución, pues han sufrido lo indecible, especialmente en los casos en que sus familiares nunca han aparecido.
Dichos familiares han exigido, como una de las condiciones básicas, que los condenados manifiesten arrepentimiento y entreguen información.
Por otro lado, familiares de los condenados han permanecido al margen del reconocimiento por la resolución judicial.
Sin embargo, diversos actores políticos y otros han celebrado este hecho, ofendiendo a los familiares sufrientes.
Me parece que resulta un agravio para los familiares que se pondere la resolución de la Corte Suprema, porque resulta innecesario. La Corte Suprema no requiere que todos los ciudadanos legitimen sus fallos, puesto que en un estado de derecho democrático, la Justicia está radicada en uno de los tres poderes del Estado, independientes entre sí.
Por otra parte, esta situación no debe localizarse entre derechas e izquierdas, o entre Punta Peuco u otro penal. Esto rebaja el debate de fondo, que es la defensa de los DD.HH. y las resoluciones de la Justicia.
Al respecto, soy partidario de que a todo condenado, por cualquier o varios delitos, se les conceda pasar sus últimos días en sus domicilios, cuando se encuentren en estado terminal de salud.
Por otra parte, me parece que todo condenado, por el delito que sea y sin encontrarse en estado terminal, cumpla condena en recintos penitenciarios hasta determinada avanzada edad.
Si en el pasado un Estado violó, a través de sus agentes, los DD.HH., el estado de derecho democrático debe avanzar en reducir el impacto negativo de las dos posiciones contrapuestas frente a esta realidad. Aquel está obligado a procurar la paz y la cohesión social.