Transparencia como tarea de todos
Se acaban de cumplir diez años de promulgación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Iniciativa que ha sido una contribución sustantiva para el control social de los órganos del Estado. En este marco, el Ejecutivo acaba de firmar un proyecto, la “agenda de transparencia 2.0”, cuyo propósito es impulsar una serie de cambios a la actual normativa, perfeccionándola en algunos puntos y reforzándola en otros. El texto recién será público la próxima semana, cuando entre a la discusión legislativa, por lo que habrá que esperar conocer su contenido y desarrollar un análisis detallado de los puntos que contempla. No obstante aquello, lo cierto es que desde el Consejo para la Transparencia, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la ley, esta conmemoración ha sido acompañada por un proceso participativo inédito en este sector, cuyos resultados han alimentado las propuestas que el propio órgano garante ha impulsado y que han sido presentados en los últimos días a distintos poderes del Estado.
En efecto, entre los meses de marzo y agosto se desarrolló un proceso participativo que cubrió todas las regiones del país. Se habilitó además un subsitio en la página web del consejo para facilitar el desarrollo de ideas y la creación de foros de discusión, alimentando con ello las propias propuestas que el consejo ha discutido con los distintos tomadores de decisiones. Tras esta forma de construir la política pública hay una convicción democrática profunda: que las decisiones públicas se mejoran sustantivamente si en ellas intervienen no solo los expertos, sino que los ciudadanos que son protagonistas relevantes y no solo depositarios de las políticas públicas. En este proceso participaron más de 2 mil personas que comprometieron su tiempo y su energía en pensar los desafíos de la transparencia para Chile. En general, el proceso permitió extraer varias conclusiones significativas, entre ellas, que al menos en esta materia, no existen diferencias significativas entre las regiones ni entre las personas respecto a su percepción sobre el valor que tiene la transparencia.
En tal cuadro, los participantes expresaron que, frente al actual clima de desconfianza social, la instalación de una cultura de la transparencia es fundamental. Se constató también cierto hastío e intolerancia a la corrupción, lo que sin duda está permeado por los escándalos que hemos conocido en los últimos años y que han afectado a un número significativo de instituciones, vulnerando un principio fundamental de las democracias: la fe pública. Las propuestas en esta materia fueron variadas, considerando cuestiones tales como la formación ciudadana (educación cívica) en los planes escolares, la promoción del derecho a la información y la capacitación de funcionarios públicos.
También se reconoce la existencia de una serie de normas que han sido relevantes, como la ley de lobby, la normativa que promueve la probidad en la función pública e incluso le otorgan un valor relevante a la protección de datos personales, siendo para los participantes necesario avanzar hacia la articulación y la coordinación de una política integral de transparencia.
Los resultados pormenorizados serán un insumo fundamental para el debate que viene y que también estará disponible para todos los ciudadanos.
Chile ha transitado hacia una cultura de la transparencia que hace posible no solo que tengamos un conjunto de normas, sino que una ciudadanía mucho más vigilante, consciente de sus derechos e intolerante a la corrupción. El éxito real de la política de transparencia dependerá, en la próxima década, de actores públicos comprometidos y ciudadanos co-responsables en esta tarea.