Gobierno busca que nueva Ley de Transparencia rija el próximo año
En el marco del cumplimiento de los diez años desde la promulgación de la Ley de Transparencia, el Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto que busca reformar la normativa.
La iniciativa será ingresada la próxima semana a la Cámara, y el Ejecutivo apuesta a que esté en funcionamiento el próximo año. “Queremos que sea una discusión lo más ágil posible, pero tampoco hay que atolondrarse, porque son cambios profundos”, dijo ayer el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, aunque señaló que “esperamos discutirlo durante este año y ojalá durante el próximo año el proyecto de transparencia 2.0 sea ley”.
La propuesta -según confirmó Piñera-incluye obligaciones legales de transparencia y acceso a la información para nuevos organismos, como el Congreso, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría, Banco Central, Servel, Tricel y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Para cada una de esas instituciones se creará una dirección de transparencia integrada por tres personas ajenas al organismo. Asimismo, se contempla una comisión de transparencia del Estado -que estará liderada por la Segpres- y la creación de un portal de transparencia, entre otras medidas.
El Mandatario, además, dijo ayer que ve “con preocupación que Chile ha retrocedido en las últimas tres mediciones del ranking de percepción de corrupción”. En ese sentido, recalcó que deben mejorar su calificación y que esa es una de las razones de la nueva iniciativa, la que, según una minuta que elaboró el gobierno, modifica cinco cuerpos legales, incorporando más de 60 nuevas normas permanentes y dos transitorias.
La propuesta, además, contempla extender las obligaciones en materia de transparencia a las “organizaciones de la sociedad civil que reciben montos significativos de recursos públicos”.
Uno de los impulsores del proyecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, precisó a La Tercera que la norma se extenderá a “los órganos privados, sin fines de lucro, que reciban aporte fiscal”; y agregó que se aplicará a los órganos que reciban un monto desde 1.500 UTM al año (poco más de $ 71 millones) y que, además, esa cifra “represente un tercio del presupuesto de esa institución”. ●