Efectos políticos de la reforma tributaria
Más allá de los reparos técnicos a la propuesta del gobierno, si logra su aprobación será un avance para el país; un rechazo de la oposición, en cambio, conllevaría para ésta fuertes costos políticos.
Esta semana se develó el misterio de la reforma tributaria. Pese a que fue parte esencial del programa de gobierno, tuvieron que pasar cinco meses para conocer el plan impositivo. En los días previos, el gobierno enfrentó sus peores semanas, con declaraciones desafortunadas y un fallido cambio de gabinete. El presidente de la República optó, entonces, por jugar parte de su capital político y salió explicar a la opinión pública los alcances de lo que será lo que ha denominado segunda etapa.
Sin duda el esquema tributario propuesto por el gobierno es el elemento más importante de este nuevo periodo, no solo como expresión política sino por los efectos que tendrá en el ciclo económico posterior. Más allá de los perfeccionamientos que puedan introducirse durante la discusión legislativa –porque hay varios aspectos técnicos aún no bien resueltosy de que se pudieron haber privilegiado otras fórmulas tributarias más efectivas, es destacable que el mandatario tomara una definición sin ambages: dejar un sistema integrado. Esta decisión pone la lápida al esquema de renta atribuida, que en el proyecto inicial de 2014 aspiraba a destronar a los sistemas integrados, pero que con el correr del tiempo se demostró engorroso y con bajos incentivos al ahorro y a inversión.
El esquema de integración total forma parte de la cultura tributaria chilena. Su introducción –a mediados de los ‘80, junto a otros factoreselevó sustancialmente los niveles de ahorro de la economía, pasando de un promedio de 13,9% del PIB entre los ‘60 y comienzos de los ‘80, a un promedio de 22,7% del PIB entre 1985 y 2013. El ahorro corporativo pasó a tener la mayor incidencia, permitiendo mejorar ostensiblemente la tasa de inversión y, como consecuencia, elevando los niveles de crecimiento a sus máximos históricos. No es casualidad que las tres décadas de mayor crecimiento en la historia económica del país hayan coincidido con el periodo en que el esquema tributario tuvo como foco generar incentivos a la inversión. Tampoco resulta muy sorprendente, entonces, que luego de su reformulación –junto a otras reformas negativas impulsadas bajo la administración pasada- la inversión cayera por cuatro años consecutivos, situación inédita en nuestra historia económica.
Con el proyecto tributario el gobierno optó por retomar la agenda política-económica. La oposición ha esbozado una resistencia a la nueva reforma, poniendo en duda el informe financiero y cuestionando su capacidad “redistributiva”. No cabe duda de que a partir de esta propuesta se abren distintos escenarios -de alcances muy diversos- tanto para las fuerzas de gobierno como de oposición. En efecto, si esta administración logra que se avance hacia una estructura tributaria mucho más competitiva, será una gran conquista para el país; a su turno, si esta reforma termina siendo bloqueada por la oposición, ésta pagará los costos políticos de haber ignorado el mandato que los electores expresaron en las urnas, donde inequívocamente se manifestaron en favor del crecimiento.