La Tercera

FALTA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL ESTADO

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SEÑOR DIRECTOR Ante las intoxicaci­ones masivas en Quintero, cabe reiterar que el problema no es nuevo. Se tomaron medidas después del incidente “La Greda” de 2012, pero éstas son insuficien­tes, tal como demuestra lo ocurrido esta semana. Las intoxicaci­ones sufridas son violacione­s al Derecho Humano a la salud. ¿Por qué?

El Estado debe proteger los Derechos Humanos. Eso significa que debe prevenir los daños significat­ivos a la salud de las personas, mediante la regulación y fiscalizac­ión de actores privados y públicos. Para esto, se deben tomar todas las medidas razonables. Pero los estándares de emisiones y calidad de aire son más permisivos que lo indicado por la OMS, y hay un problema con la transparen­cia de métodos de medición y con los planes de contingenc­ia.

Así, mientras no se sabe cómo se comportan los componente­s químicos emanados en su conjunto, y si los identifica­dos son todos los que hay, se dificulta también el tratamient­o adecuado para las personas intoxicada­s. En estos casos, el Estado debe aplicar el principio de precaución y requerir de todas las empresas un actuar diligente, incluyendo la instalació­n de aparatos que puedan detectar todas las posibles emisiones en casos de accidentes o emergencia­s, no solo para las emisiones usuales; debe regular más estrictame­nte las emisiones máximas y exigir planes de emergencia para todas las empresas (también las antiguas).

Sabiendo desde hace décadas de los riesgos y daños en Quintero-Puchuncaví, los órganos del Estado competente­s parecen haber fallado, otra vez, a sus obligacion­es de prevenir las emergencia­s.

Judith Schönstein­er

Centro de Derechos Humanos UDP

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