Libertad condicional: última propuesta no convence a la oposición
Justicia envió el lunes nueva redacción a integrantes de la mixta. Sin embargo, parlamentarios insisten en el arrepentimiento en caso de delitos de lesa humanidad.
A través de un llamado telefónico, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se contactó personalmente el lunes con los parlamentarios de la oposición que integran la comisión mixta de libertades condicionales para notificarles de una nueva propuesta del Ejecutivo en la materia.
En los días previos, tanto el gobierno como los legisladores de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio habían acordado afinar, en conjunto de cara a la sesión del próximo lunes, una redacción consensuada.
Así, los asesores legislativos de la oposición concordaron un texto que fue enviado a Justicia la semana pasada.
El documento establecía como requisitos para la obtención del beneficio en caso de condenados por delitos de lesa humanidad puntos que han sido calificados como intransables por ese sector en la mixta: la necesidad del arrepentimiento; la colaboración eficaz; la copulatividad de los mismos, y la aplicación retroactiva de la norma.
Dicho planteamiento, que fue revisado por la división jurídica del ministerio liderado por Larraín, fue acogido parcialmente, pero no incorporó -en los términos planteados por la oposiciónla necesidad del arrepentimiento, lo que generó, nuevamente, reparos entre los parlamentarios.
“Es insuficiente. Debe existir, al igual que en el estatuto de Roma, el arrepentimiento”.
FELIPE HARBOE SENADOR PPD
“El Ejecutivo busca distintos caminos que tienen un mismo punto de llegada”.
MIGUEL CRISPI DIPUTADO RD
“Debe haber un requisito de arrepentimiento más preciso y más claro”.
LEONARDO SOTO DIPUTADO PS
La propuesta
La nueva propuesta del gobierno -a la que tuvo acceso La Tercera- establece un régimen especial para el otorgamiento del beneficio en esos casos, manteniendo el requisito de haber cumplido 2/3 de la pena al momento de solicitarlo.
Asimismo, se detallan una serie de factores a considerar para su concesión. Entre ellos, la voluntad de colaborar en el proceso investigativo y haber aportado antecedentes “serios y efectivos” en su causa o en otras, cuando su liberación “no afectare la seguridad pública por el riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza” y en el caso de que pudiese “presumirse que el condenado no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares”.
Adicionalmente, el Ejecutivo, en busca de acoger la propuesta de la oposición sobre la copulatividad de los requisitos, incluye un inciso que plantea que la Comisión de Libertad Condicional “considerará y valorará cada uno de los factores y en relación con el resto de ellos” para determinar si procede el otorgamiento del beneficio. Y, además, añade que “para proceder a la postulación, el condenado deberá suscribir en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de toda forma de violencia”.
Sin embargo, en ninguno de los requisitos el Ejecutivo apunta a la necesidad del arrepentimiento o disociación del crimen como exige la oposición. En cambio, Justicia opta por incluir como norma general para postular al beneficio la necesidad de que el condenado cuente con un informe psicosocial que contenga “los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que este causa y de su rechazo a tales delitos”.
Respecto de la retroactividad de la norma, en tanto, el Ejecutivo incorporó la indicación de la oposición que establece, en el artículo 9° del texto, que “para los efectos de la presente ley se entenderá que los requisitos exigidos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación”. Otro elemento en el que cedió Justicia fue eliminar de los requisitos las causales humanitarias de la edad avanzada y el deterioro físico o mental de los reos.
Y pese a que los parlamentarios valoraron la voluntad del gobierno para construir un acuerdo, calificaron el texto como “insuficiente”.
“El Ejecutivo ha buscado distintos caminos que tienen un mismo punto de llegada, que es, básicamente, que los requisitos para los condenados de lesa humanidad son enormemente bajos”, sostuvo el diputado Miguel Crispi (RD),
Por su parte, su par Leonardo Soto (PS) señaló que el hecho de que no se establezca explícitamente como “copulativos” los factores “abre de manera peligrosa” una puerta para que, cumpliendo solo uno de ellos, el condenado pueda optar al beneficio. Asimismo, aseguró sobre el arrepentimiento que “tiene que haber un requisito más preciso y más claro”.
Con todo, tanto desde Justicia como desde la oposición han transmitido que el texto propuesto por el gobierno sufrirá modificaciones antes de la próxima sesión de la instancia.b