Un diputado en problemas en Venezuela
El 7 de agosto, el legislador Juan Requesens fue detenido por la inteligencia venezolana, como responsable del supuesto atentado contra Maduro. “Desde el 13 de agosto no sabemos de su estado de salud ni las condiciones en las que se encuentra”, dijo su abogado a La Tercera.
“Llevamos más de tres semanas sin dormir por la incertidumbre de lo que pudiera pasar con nuestro hijo. Yo hago responsable al régimen de cualquier cosa que le ocurra a Juan, porque no tiene permitida visitas de su familia ni de sus abogados, no podemos verlo y no sabemos cómo está”, alerta a La Tercera Juan Guillermo Requesens, padre del diputado venezolano de Primero Justicia (PJ) Juan Requesens.
El pasado 4 de agosto, en el marco del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), una explosión interrumpió el acto que se desarrollaba en la Avenida Bolívar de Caracas y que contaba con la presencia del Presidente Nicolás Maduro y la cúpula militar venezolana. Las dudas y teorías sobre el incidente no tardaron en estallar, al tiempo que desde el chavismo se mantuvieron firmes en la idea de “intento de magnicidio”.
El mandatario venezolano acusó días después al expresidente del Parlamento, Julio Borges, y al diputado Requesens como responsables del supuesto atentado. La persecución sobre ambos legisladores comenzó rápidamente.
Borges corrió mejor suerte porque desde hace un tiempo permanece en Bogotá. Pero la noche del 7 de agosto una comisión del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conformada por más de 15 efectivos, capturó a Requesens, quien se encontraba junto a su hermana Rafaela, ac- tual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
“Los delitos que le imputan al diputado son homicidio calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio calificado frustrado sobre miembros de las Fuerzas Armadas, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y posesión ilícita de armas y municiones”, comenta a La Tercera Joel García, abogado y miembro del equipo de defensa del diputado Requesens.
Desde entonces, el legislador se encuentra privado de libertad en el centro de detención El Helicoide, lugar que comparte con otros presos políticos. “Hasta la presente fecha, desde el 13 de agosto, día en que se celebró la audiencia en su contra, no sabemos de su estado de salud ni las condiciones en las que se encuentra”, denuncia García, quien además advierte que el parlamentario fue sometido hace unos años a una cirugía bariátrica y debe consumir una estricta dieta y suplementos vitamínicos que no está ingiriendo, y que en estas condiciones de reclusión su vida puede estar en riesgo.
“La noche que bajamos del edificio Juan me acompañó porque yo iba a salir, pero en el estacionamiento habían más de 20 funcionarios encapuchados, sin identificación y con armas largas”, relata a La Tercera Rafaela Requesens y agrega: “nos persiguieron. A Juan lo tumbaron al suelo y nos montaron en autos distintos para trasladarnos directamente al Helicoide, donde nos quitaron los celulares y las pertenencias”.
En el centro de detención “nunca hubo explicación de por qué estábamos ahí. Solo pudimos intercambiar miradas y luego a mí me informaron que sería liberada”, explica Rafaela.
Sin embargo, todo se complicó cuando el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presentó un video en el que Juan Requesens confiesa que colaboró para que uno de los autores del atentado contra Maduro ingresara a Venezuela.
Pero ninguno de los opositores ni sus familiares creyeron en la veracidad de las imágenes. “Yo conozco a mi hijo, lo crié y lo levanté. Estoy seguro que fue sometido a sustancias químicas que influyen en su propia voluntad. De hecho él manifestó durante la audiencia que no se acordaba del video”, comenta Juan Guillermo Requesens.
Las dudas crecieron aún más con la filtración de un segundo video, en el que el parlamentario aparece en ropa interior aparentemente manchada de excrementos, con la mirada perdida y en silencio.
Sus cercanos insisten en que el legislador opositor fue “secuestrado” por el gobierno de Maduro y aseguran que no se detendrán ante lo que califican como una “desaparición forzosa”. Su defensa apelará frente a una privación ilegítima de la libertad, con la esperanza de conseguir la excarcelación de quien forma parte de un largo grupo de políticos detenidos por la administración chavista.b