Nueva justicia civil
El ministro de Justicia anunció que este año ingresaría la reforma a la justicia civil, a través de una indicación sustitutiva al proyecto que lleva años paralizado en el Parlamento. Se trataría del tercer proyecto luego de los de Bachelet 1 y Piñera 1. Sin dudas es una buena noticia, pues no resulta sostenible continuar con un sistema judicial en parte modernizado y en parte obsoleto. Sin embargo, algunas expresiones vertidas con ocasión de ese anuncio merecen un análisis detenido.
El ministro señaló que los costos de implementar la nueva justicia no van a ser significativamente inferiores a los que en su momento implicó la reforma procesal penal. Llama la atención esa afirmación porque señala que aún no hay un cálculo de cuántos jueces y funcionarios se necesitarán para el nuevo sistema, agregando que este es un tema en el que se está trabajando con la Corte Suprema. La pregunta natural es cómo se pueden anticipar costos si el modelo orgánico aún está pensándose. El único antecedente que da el ministro para llegar a ese orden de magnitudes es que la justicia civil representa hoy prácticamente la mitad de las causas que ingresan a los tribunales, siendo la “más importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para el funcionamiento de las instituciones, de la economía, de la actividad privada del país, y el número de ingresos indica que afecta a mucha gente”.
Lo cierto es que estudios del funcionamiento del sistema muestran que quienes lo utilizan, casi en forma exclusiva, son grandes empresas del sector financiero, domiciliadas solo en tres comunas de la capital. Pero lo más notable es que un 90% de las demandas ejecutivas y un 87% de las ordinarias (la mayoría de las cuales también son para cobrar deudas) nunca se notifican, es decir, no se pretende con ellas dar inicio a un pleito sino solo declarar incobrables los créditos. Y, cuando se notifican, solo se presentan excepciones en un 3,8% de las ejecutivas y en un 7,7% de las ordinarias, por lo que en la mayoría tampoco se genera propiamente una disputa.
De estos y otros datos es posible concluir que actualmente la justicia civil no solo no es importante, sino que es completamente intrascendente. Por supuesto, de lo anterior no se colige que no existan conflictos civiles en Chile, lo cual sería del todo improbable, sino solamente que se resuelven de otra manera o, lo más grave, quedan sin resolver. Esto último es lo que debiera preocuparnos de cara a una reforma a la justicia civil por los enormes costos que está generando para la actividad económica. En otros términos, dicha reforma no puede construirse a partir de los asuntos que hoy día llegan a los tribunales y lo que allí se hace con ellos, sino de paradigmas totalmente distintos: los conflictos que debiera recoger y la forma como debiera resolverlos. Sobre ese escenario hay que diseñar los procedimientos, la orgánica del sistema, calcular sus costos y las vías de financiamiento.