Contrademanda boliviana por Silala
Chile debe abocarse ahora a su defensa, pero es inevitable abrir la discusión de la conveniencia de seguir bajo la tutela de La Haya.
El mismo día en que Bolivia dio a conocer su contramemoria en respuesta a la demanda que nuestro país presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que ésta zanje el diferendo por el Río Silala -mientras Chile estima que es un afluente internacional, Bolivia señala que es un cauce artificialmente desviado a territorio chileno-, el gobierno de Evo Morales anunció que contrademandará a Chile.
Aun cuando el gobierno de Morales había desestimado la posibilidad de recurrir contra Chile por la causa del Silala, no debería llamar a mayor sorpresa este súbito cambio de parecer, que ha sido la constante de la administración boliviana. Desde luego, parece absurdo que si ya se está ventilando el caso ante La Haya se interponga una nueva demanda sobre el mismo tema, recurriendo esencialmente a los argumentos ya esgrimidos en el presente caso, lo que sugiere que en realidad se trata de un artilugio antes que un genuino interés por buscar la concordia y dejar atrás aquellos temas que dividen a los dos países.
En palabras del propio Morales, esta nueva demanda es en respuesta a la que ya ha presentado Chile, “y no es óbice para otros reclamos que pueda ejercer Bolivia”, según el mandatario. De acuerdo a lo que ha trascendido, Bolivia insistirá en que las aguas del Silala fluyen artificialmente hacia Chile por obras de canalización realizadas en el siglo XIX, en virtud de contratos ya caducos; que por lo mismo nuestro país no tiene derecho per se a utilizar dicho afluente -de hecho, ha acusado que Chile “roba” esas aguas- y que tratándose de un afluente que pertenece a Bolivia, cualquier uso que nuestro país haga de éste debe ser en virtud de un acuerdo específico, el que no existe como tal.
La tesis chilena, por el contrario, sostiene que el Silala corresponde a un río internacional -cuyas aguas fluyen naturalmente hacia suelo chileno, en virtud de las pendientes cordilleranas, y que por ello todos los países por los que atraviesa tienen derecho a beneficiarse de éste. El tratado de 1904 consagra expresamente que el Silala tiene este carácter internacional, por lo que desconocerlo vulnera el derecho internacional.
Bolivia se ha empeñado por todos los medios en desconocer los acuerdos sellados en 1904, y en su afán por lograr un acceso soberano al Pacífico vía territorio chileno ha montado un conjunto de artilugios jurídicos ante La Haya, con el fin de obligar a una negociación entre ambos países aduciendo supuestos “derechos expectaticios”. Es evidente que cuando se defrauda de manera artera la buena fe entre los Estados y se desconocen los tratados internacionales, cualquier negociación bilateral se torna en los hechos impracticable, lo que perjudica a ambos países e impide una integración de cara al siglo XXI.
Nuestro país debe abocarse ahora a su defensa jurídica en La Haya, para lo cual cuenta con sólidos argumentos amparados en el derecho internacional. Sin embargo, se va haciendo cada vez más indispensable que se abra la discusión sobre la pertinencia de seguir bajo la jurisdicción de La Haya, pues como se ha visto, esta instancia está siendo utilizada interesadamente por Perú y ahora por Bolivia para desconocer los tratados, valiéndose de los “creativos” criterios con que la Corte dicta sus fallos. Esto solo puede perjudicar a un país que busca el estricto apego al derecho en función de lo pactado.