Oposición social y política
Se empieza configurar la situación que la Administración había esperado evitar. La maciza victoria electoral hizo pensar al gobierno que era posible impulsar un programa refundacional sin mayores obstáculos. De ahí una estrategia de diálogo caracterizada más por los esfuerzos de cooptación de algunos opositores que una real búsqueda de acuerdos institucionales con fuerzas políticas y sociales. La falta de contacto con la realidad llevó a proponer una reforma tributaria que, más allá del discurso modernizador (que no era más que la continuidad de la modernización del SII impulsada en los últimos 25 años) y de su presunto carácter propyme (puesto en cuestión por numerosas agrupaciones de ese sector), representa un obsequio de US$ 800 millones en beneficios (principalmente) para accionistas mayoritarios de las mil empresas más grandes del país. Y lo que es más grave, revierte un esfuerzo de 25 años por construir un SII moderno y capaz de combatir con éxito la evasión y elusión que desarrollan, sistemáticamente, potenciales contribuyentes.
La arrogancia de Palacio tendió a aumentar cuando en torno a las reformas estructurales anunciadas en el programa de gobierno se escuchaba solo la voz del sector empresarial. Cuando frente a las críticas de falta de iniciativa en materias de fondo, el ejecutivo anunció un cronograma de proyectos que se iniciaba con la reforma tributaria, donde las organizaciones empresariales desarrollaron una fuerte campaña comunicacional que se tradujo en la reforma que hoy conocemos; una reforma que -como dicen en los mismos grupos empresariales- por ser pro empresa beneficia a todos los demás sectores sociales.
El resultado es que la contrarreforma tributaria ha encontrado una crítica general en la oposición, muchos de cuyos componentes consideran incluso rechazar la idea de legislar. Y en el mundo social se empiezan a gestar movilizaciones: los funcionarios del SII se han manifestado arguyendo que la reforma debilita la capacidad de fiscalización.
La temperatura que puede alcanzar el escenario político quedó en evidencia con la fallida tramitación del reajuste del salario mínimo. Si se suma el conflicto en La Araucanía (donde luego de una pausa muy publicitada por la Administración han reaparecido los atentados) y la situación de Puchuncaví y Quintero se genera un escenario que podría afectar irremediablemente la acción gubernamental. Sería importante que el gobierno detuviera su retroexcavadora y buscara un diálogo nacional.