EDITORIAL MEDIDAS ANTE INÉDITA VIOLENCIA ESCOLAR
Junto con sanciones efectivas frente al vandalismo, debe desincentivarse la cultura que reivindica las acciones de fuerza en colegios.
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El país nuevamente ha sido testigo de actos vandálicos en colegios emblemáticos del sector público, aunque esta vez se cruzaron límites no vistos hasta ahora, luego de que un grupo de profesores del Instituto Nacional (IN) fuera rociado con combustible por encapuchados que irrumpieron al interior del establecimiento, lo que motivó la presentación de una querella criminal por parte del gobierno. Además de estos incidentes en el IN, en otros liceos de Santiago hubo lanzamiento de bombas Molotov y otros desmanes.
Sería largo de recordar aquí los múltiples episodios de destrozos y saqueos de establecimientos que han ocurrido solo este año, que normalmente han coincidido con tomas o acciones de fuerza protagonizadas por sus propios estudiantes. Los municipios y la fuerza pública simplemente se han visto sobrepasados por la violencia de la acción vandálica, y a pesar de los reclamos de las familias, profesores y de la propia comunidad estudiantil que no participa de las tomas, en los hechos no ha sido posible poner freno a esta situación.
Es evidente que un factor determinante que ha alentado el vandalismo tiene que ver con la impunidad con que se cometen estos hechos, donde escasamente se ha conocido de sanciones disciplinarias y mucho menos en materia penal, probablemente porque para el Ministerio Público estos casos no parecieran tener la suficiente entidad para ser perseguidos.
La Municipalidad de Santiago ha llevado a cabo la política de “rompe paga”, buscando que los padres de los alumnos responsables de vandalismo respondan por los daños. Se ha tomado también la decisión de suspender las clases en colegios dañados por tomas. Estas medidas, aunque indispensables, requieren necesariamente ser complementadas con sanciones disciplinarias efectivas. Al efecto, el gobierno anunció ayer que la próxima semana se enviará un proyecto de ley que permita a los directores de establecimientos contar con facultades más expeditas para la expulsión o cancelación de matrícula en el caso de alumnos que sean sorprendidos con posesión o tenencia de armamento destinado a causar daño al establecimiento o la comunidad estudiantil, detonen artefactos explosivos o protagonicen graves agresiones físicas.
Los alcances de esta nueva legislación deberán ser analizados con especial cuidado por el Congreso, a fin de cautelar los derechos de los menores de edad, pero en líneas gruesas su orientación parece bien encaminada porque busca hacer efectivas responsabilidades elementales frente a hechos gravísimos.
Una reflexión más general, sin embargo, debería llevar a preguntarse por las causas más profundas de este fenómeno de violencia inédita en los colegios. Las sanciones efectivas son una parte muy necesaria, pero quizás algo aún más relevante es dejar de alentar la irresponsable cultura de permanente protesta y cuestionamiento a la autoridad en estudiantes, distorsionando el rol que le cabe a personas que están en plena etapa de formación, y que se aleja del fomento de un sano espíritu crítico. El que se siga viendo en tomas y acciones de fuerza una manera válida de protesta contribuye a fomentar este ambiente de creciente violencia y torna ingobernables a los colegios públicos.