Gratuidad causa déficit de $ 17 mil millones en los planteles adheridos

Según la Contraloría, en 2017 se destinaron $ 673.990 millones a esa política y 15 de las 46 instituciones adscritas sufrieron pérdidas por la brecha entre aranceles y aportes estatales.

Las instituciones adscritas a la gratuidad están en compás de espera. La nueva Ley de Educación Superior establece que este año el gobierno debe nombrar una comisión de expertos que fijará los nuevos valores de los aranceles regulados, que desde 2015 se aplican para definir los recursos que el Estado destina a esta política pública. La diferencia es que esta vez dicho cálculo no solo incluirá a los alumnos matriculados y que pertenezcan a los primeros seis deciles de ingresos familiares, que hasta ahora son los únicos liberados de pagos, sino que también fijará los precios para los estudiantes que se encuentran en los deciles 7, 8 y 9, que están fuera de la gratuidad, pero que verán reducidos sus costos en diferentes porcentajes.

Es en ese contexto que la Contraloría analizó por primera vez la distribución de los recursos que el Estado entrega a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica por concepto de gratuidad. Y su conclusión se tradujo en una cifra que va en línea con la preocupación de muchos rectores: la brecha entre los aranceles institucionales y los montos que el Estado entregó el año pasado por este concepto a 46 planteles alcanzó los $ 17.208 millones.

En el informe “Financiamiento Fiscal del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior”, al que tuvo acceso La Tercera, el órgano da cuenta de que el monto de los recursos fiscales asignados a gratuidad en 2017 fue de $ 673.990 millones. También detalla que “15 instituciones mostraron una diferencia neta entre el arancel real más los derechos básicos de matrículas que fijan las propias entidades y el monto total asignado por gratuidad”

IGNACIO SÁNCHEZ, RECTOR DE U. CATÓLICA.

(ver infografía).

Este valor, de $ 17 mil millones, disminuye a $ 13.294 millones si se considera el Aporte para Fomento de Investigación que se definió en la Ley de Presupuestos 2017, para palear la merma económica que la gratuidad iba a implicar para las cinco universidades privadas fuera del Cruch que ese año fueron parte del beneficio: U. Diego Portales (UDP), U. Finis Terrae, U. Católica Silva Henríquez, U. Alberto Hurtado y la U. Autónoma.

El contralor, Jorge Bermúdez, explicó a La Tercera que “el estudio solo se limita a constatar la diferencia entre el arancel real más los derechos de matrícula fijados por cada entidad de educación superior adscrita, y el financiamiento fiscal por gratuidad -no se incluyen las otras fuentes de financiamiento fiscal a las instituciones o a sus estudiantes- según el cálculo establecido por la Ley de Presupuesto 2017. La interpretación de causalidades o consecuencias respecto de esa diferencia está más allá del alcance del estudio”.

Respecto del análisis que hace Contraloría, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló que “es importante recordar que, si bien efectivamente hay una brecha entre el aporte por gratuidad y el valor que cobran las instituciones, se debe considerar que con el aporte directo por gratuidad, las instituciones reducen el gasto en becas internas y la morosidad en el pago que puede existir, por lo que el déficit real es menor al indicado”.

Más y menos

Según este informe, la U. Diego Portales presenta el mayor déficit del sistema, con $ 5.698 millones. Al respecto, el rector Carlos Peña manifestó que “a esa diferencia nominal hay que descontarle las becas y otros beneficios estudiantiles que la universidad otorgaba y que ahora, en presencia de la gratuidad, no otorga. Efectuado ese descuento, la diferencia real fue de $ 2.500 millones aproximadamente para el año 2017. Eso explica que la diferencia haya podido ser absorbida por la universidad rebajando algunas cuentas y que no se haya traducido en déficit alguno”.

Peña agregó que la gratuidad tiene dos problemas. “Uno de ellos es la incertidumbre acerca de los montos de las transferencias y la tardanza en los pagos que obliga a altos costos financieros. El otro es la lesión de índole estratégica que podría producirse con aranceles regulados bajos en aquellas instituciones que poseen altos niveles de investigación y que, a pesar de carecer de aporte fiscal directo, han adherido a la gratuidad. Para probar todo eso basta señalar que aún hoy las universidades no saben el monto de los aranceles regulados para este año. Los costos de esa ineficiencia recaen sobre las instituciones”.

Para el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, cuyo plantel presenta un déficit de $ 1.486 millones, “los datos que muestra este informe en relación a las brechas que tuvieron 15 instituciones, entre ellas la Universidad Católica, ratifican el hecho de que hay un desfinanciamiento importante en aquellas universidades cuyos proyectos educativos son más costosos, porque han invertido en infraestructura, mejores profesores y en mayor calidad”.

Sánchez agregó que estos antecedentes deben ser considerados por el Ministerio de Educación (Mineduc) y por el comité de expertos, que de acuerdo a la Ley de Educación Superior se va a encargar de definir los nuevos valores de los aranceles regulados que fijará el Estado para financiar la gratuidad. “Los aranceles deben ser calculados considerando indicadores académicos objetivos, como el número de profesores de jornada completa que tienen las instituciones, las bibliotecas, los espacios deportivos, la infraestructura y la investigación, que son elementos que dan cuenta de la calidad de los planteles”.

En el caso de la U. Autónoma, Contraloría estableció que la diferencia en los montos fue de $ 2.142 millones. El rector Teodoro Ribera planteó que “es un absurdo que las universidades que colaboran en una política de Estado se vean afectadas en su procesos de crecimiento en calidad. O el Estado pone más recursos, o permite que las universidades determinen qué cantidad de alumnos en gratuidad pueden recibir sin afectar su desempeño”.b

“Aún hoy no se sabe el monto de los aranceles regulados para este año”.

CARLOS PEÑA, RECTOR DE LA UDP.