Maristas finalizan indagatoria y envían antecedentes a Roma
La indagatoria fue efectuada por el sacerdote salesiano David Albornoz, respecto de siete religiosos. La congregación informó que, tras 8 meses de indagatoria, ahora los antecedentes serán enviados al Superior General.
Esta semana, casi ocho meses después de que la Congregación de Hermanos Maristas designara al sacerdote salesiano David Albornoz (18 de enero) como instructor para la Investigación Previa de eventuales abusos por parte de religiosos, el proceso investigativo finalizó. Y en él, según informó la entidad religiosa, se determinó que había “verosimilitud” en las denuncias, por lo cual los antecedentes serán enviados a las máximas autoridades del instituto religioso, que se encuentran en Roma.
En un comunicado oficial de la congregación marista, al cual accedió La Tercera, se indicó que “recientemente hemos sido informados por el padre David Albornoz, investigador canónico en las causas por denuncias de abusos sexuales que afectan a religiosos maristas, que las investigaciones que conducía han llegado a su término, excepto en un caso, que se resolvería en los próximos días”.
Se agregó que “en total fueron investigados siete religiosos, y en los informes correspondientes, entregados por el canonista, se encontró verosimilitud en los relatos de los denunciantes, así como también se descartaron algunos de los testimonios, por su inconsistencia”.
Indagatoria
El tema es complejo para este instituto religioso, que hace más de un siglo, en 1911, fundó en Chile su primer colegio. Hoy administra 12 establecimientos a lo largo del país, con una cobertura de más de 15 mil niños y niñas.
El 28 de agosto de 2017, la congregación informó el caso del hermano Abel Pérez. Según su propia confesión, el religioso habría abusado de ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla y del Colegio Marcelino Champagnat, en períodos intermitentes, desde la década de 1970 hasta el año 2000.
El tema, sin embargo, continuó creciendo. Se fueron sucediendo los relatos de eventuales víctimas y las denuncias de la propia institución religiosa a la Fiscalía Metropolitana Sur, que investiga penalmente los hechos.
Así, se llegó, al menos eclesiásticamente, a lo que ayer informó la congregación en su comunicación oficial, respecto del cierre de la investigación previa, encargada al sacerdote Albornoz.
En el documento, los maristas indican que “corresponde ahora iniciar una segunda etapa del proceso, que implica enviar estos informes al Hermano Superior General de la Congregación Marista y su Consejo en Roma, acompañados de las recomendaciones y medidas que, sobre cada uno de estos informes, haga el Hermano Provincial y su consejo, para que la autoridades superiores maristas tomen las medidas que correspondan, de acuerdo a las normas canónicas y a los estatutos del Instituto Marista. Luego, deben ser enviadas estas decisiones y sus fundamentos a la Curia Vaticana, para que valide las medidas que se tomen”.
Así se hizo, por ejemplo, en el caso de Abel Pérez, uno de los siete indagados eclesiásticamente, quien a principios de junio pasado fue expulsado de los maristas, luego de que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, confirmara la decisión tomada originalmente por la orden.
La congregación marista agregó ayer que “son informaciones que nos golpean, que nos duelen y que nos avergüenzan. No solo porque somos una institución católica, cuya misión es educar y evangelizar, sino porque algunos miembros de la institución -en esos años- traicionaron nuestra misión y sentido de vida, incumpliendo el rol de garantes en la protección de los niños y niñas que les fueron confiados”.
También se destacó que “por sobre esto, son informaciones que recibimos y entendemos como esperanzadoras, especialmente para quienes han sido víctimas de estas vulneraciones y sus familias. Para todos es una luz en el camino hacia la verdad, para iniciar un proceso cierto de reparación y reconciliación”.
Ayer por la tarde, un grupo de denunciantes emitió un comunicado diciendo que “se nos ha explicado que este investigador ha recomendado las máximas sanciones para los religiosos denunciados”.
Junto con ello, le exigieron a la congregación que “entregue todos los antecedentes de que dispone sobre los denunciados a la justicia chilena” y que también “ponga en conocimiento de las autoridades judiciales aquellos casos que no han aparecido en los medios de comunicación”.b