Otra raya en el tigre
Tiene razón la vocera de gobierno. Efectivamente se trata de un tema viejo y ya zanjado por la autoridad en su momento. De hecho, iniciándose la campaña presidencial de 2009, el empresario Sebastián Piñera, junto a otro, fueron sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Y pese a que se debatió mucho en torno a cuál sería la calificación por dicho movimiento bursátil -que consistió en la compra de acciones de una empresa de la cual era controlador, después de haber conocido información interna de los balances, cuando todavía dichos datos no eran públicos- finalmente solo se le hizo el cargo de haber incumplido el “deber de abstención”.
El entonces candidato, pese a victimizarse y de acusar una operación política en su contra, decidió pagar de inmediato la multa y así evitar que el tema se extendiera durante el período de campaña electoral. Lo que sin embargo no pudo evitar, fue el reproche público que se le hizo por tal conducta; lo que, además de la opinión que Piñera ha dejado en el mundo de los negocios, después quedó todavía más asentando cuando los tribunales de justicia confirmaron la sanción para el otro involucrado que sí había apelado a la sanción. Un segundo capítulo de esta historia se contaría un año más tarde, cuando ya investido como Presidente de la República, todavía mantenía la propiedad de las acciones de LAN, faltando así a su explícita promesa que había hecho durante la campaña electoral.
La verdad sea dicha, la trayectoria empresarial del Presidente de la República, como los diversos episodios donde ha confundido el ámbito público y privado, no parecen haber sido nunca un obstáculo significativo en su trayectoria política. Pese a lo que se afirma en el discurso, o a los atributos de transparencia y honestidad que los ciudadanos tanto dicen valorar, una y otra vez Sebastián Piñera ha sorteado estas contingencias; al punto que de manera coloquial ya muchos se refieren a ellas como “otra raya en el tigre”.
Y se vino ahora el tercer capítulo de la saga, donde el exgerente de la empresa que intermedió estas operaciones, reconoce tener el registro de las conversaciones con el propio Piñera, sobre las que –interrogado si es que hubo información privilegiada- manifiesta que prefiere no responder para proteger la dignidad del cargo presidencial.
Para el caso de Chile, se trata de una cuestión ya prescrita. Y aunque es cierto que las autoridades norteamericanas podrían continuar con esta investigación, solicitando tales antecedentes y eventualmente perseguir una sanción, dudo que tal camino prospere tratándose de un Presidente de la República en ejercicio. Por lo mismo, prevalecerá la impunidad jurídica, social y política.