¿Necesitamos una reforma tributaria?

¿Necesitamos una reforma tributaria? Esta es la primera pregunta que debería plantearse la oposición antes de rechazar la idea de legislar el proyecto que envió el Gobierno. La respuesta a esta pregunta necesariamente supone abordar también la pregunta ¿para qué? El Gobierno ha sido claro en especificar cuáles son los objetivos que se buscan: 1) modernizar el sistema tributario, 2) promover el crecimiento económico a través del fortalecimiento de la inversión y el emprendimiento y 3) avanzar hacia un modelo más equitativo. ¿Son estos objetivos importantes para el país? ¿Se requiere una reforma tributaria para alcanzarlos? Si la respuesta es sí, entonces no hay excusas para que la oposición se niegue a trabajar en este proyecto. Lamentablemente los intereses de los políticos no son siempre los intereses de las personas. Es lo que hemos visto en la discusión tributaria, que partió cuestionando los instrumentos antes de revisar primero sus objetivos. El rechazo de algunos de la oposición frente a la reforma delata no solo una postura negacionista ante el Gobierno, sino también, y mucho más preocupante, una actitud pasiva frente a los desafíos económicos que enfrenta el país.

El Ejecutivo ha entregado una propuesta para lograr dichos objetivos, definiendo tanto los principios que deben subyacer al sistema tributario como los instrumentos para materializarlo. Los principios que ha definido el Gobierno son seis: equidad, simplicidad, certeza jurídica, competitividad, estabilidad y suficiencia. Equidad en la distribución de los tributos, de manera que a igual renta igual tributo, y también equidad en la correlación de poder entre el Sistema de Impuestos Internos y los contribuyentes. Simplicidad en el uso del sistema para los contribuyentes, con normas claras, asequibles en su comprensión y de fácil fiscalización. Certeza jurídica exige que la ley sea clara y predecible, restringiendo el grado de su interpretación. La competitividad busca generar condiciones más atractivas para los inversionistas y emprendedores. Por último, la estabilidad y suficiencia son fundamentales para dar mayor confianza y asegurar los ingresos del Estado para financiar su funcionamiento. Sin duda estos principios son valiosos por sí mismos, pero eso no implica que todos sean imprescindibles. La simpleza, por ejemplo, podría ser sacrificada para lograr mayor equidad. También es posible que falten algunos principios, como la progresividad (que los que tienen más paguen proporcionalmente más) y la robustez (poco espacio para la elusión).

Teniendo a la vista los objetivos y principios, se pueden revisar los instrumentos propuestos. Así, resulta curioso cómo el blanqueo de capitales o la franquicia tributaria a viviendas con un valor de mercado cercano a las siete mil UF contribuya con los objetivos que se buscan alcanzar y no resulten regresivas. Asimismo, la oposición y el Gobierno podrían aprovechar la tramitación del proyecto para discutir un alza correctiva al impuesto del diésel y terminar con la renta presunta. Existe relativo consenso técnico en ambas medidas, pero ha faltado voluntad política. Por otra parte, la modernización de la devolución del IVA, las boletas electrónicas, los impuestos a los servicios digitales y la simplificación del régimen tributario para las pymes son sin duda un avance y deberían gozar de acuerdo transversal. Por último, la integración del sistema tiene ventajas como la simplicidad y la equidad horizontal, pero también desventajas: el mayor espacio para la elusión. La equidad horizontal no es exclusiva del sistema integrado, también se puede lograr con sistemas desintegrados. El Gobierno y la oposición no debieran olvidar que integrar o desintegrar son instrumentales para lograr un fin y no son fines en sí mismos. Así, las preguntas centrales que debieran guiar la tramitación del proyecto son: si los instrumentos propuestos son suficientes para alcanzar los objetivos acordados y si no hay otros que sean más pertinentes.