ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

SEÑOR DIRECTOR

Es preocupante la situación acaecida en las últimas semanas, en la que sectores parlamentarios han acudido a una herramienta constitucional legítima, como es la acusación constitucional, para afianzar determinados puntos que, entienden, han sido transgredidos por las autoridades recurridas. Sin entrar al fondo de las acusaciones, lo grave es que por esta vía se ponga en entredicho a autoridades a las que la Constitución

les ha entregado autonomía.

Tal situación no es un capricho del constituyente, sino la expresión de un requisito para la existencia del estado de derecho: la independencia de los poderes del Estado.

Pretender que la actividad jurisdiccional que desarrollan los jueces y ministros, o la dirección de la investigación entregada a la Fiscalía, deba quedar sometida al escrutinio político es un camino que compromete las bases de nuestra democracia.

La acusación constitucional es una herramienta que requiere un uso razonable y acotado, pues no solo compromete a las instituciones, sino también a personas que, como en este caso, históricamente han estado preocupadas de la promoción de los DDHH. Trinidad Steinert Presidenta Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público