Evidencias de una mala política pública
El informe de financiamiento fiscal para la educación superior de la Contraloría General de la República nos permite tener una perspectiva objetiva y cuantitativa del desarrollo del nuestro sistema y el impacto de las distintas políticas públicas. Su foco es la forma en que se distribuyen los recursos públicos para apoyar a estudiantes e instituciones en educación superior.
Lo primero a destacar de la nueva versión del informe es la característica “tripartita” del financiamiento fiscal: del total de recursos entregados, 39,2% corresponde a becas y créditos, 27% a directamente instituciones, y 33,8% en gratuidad. Pero detrás de estos números se esconde una distribución muy desigual. Solo a modo ejemplo, de los fondos institucionales, el 92% es exclusivamente para instituciones del Cruch, siendo que representan solo el 28% de la matrícula y apenas el 16% de las instituciones. Si profundizamos en las universidades, el informe reporta que, del total de recursos entregados por el fisco, 33% va a las 18 instituciones estatales, 24,6% a las 9 instituciones privadas dentro del Cruch y 23.6% para las 34 instituciones privadas no tradicionales. Las universidades del Cruch concentran el 57,6% del total del financiamiento fiscal, es decir, nada menos que el 2,2% del gasto público total del gobierno central.
Un segundo elemento novedoso del informe es su análisis particular de la política de gratuidad. Es destacable que el 27,3% de los recursos de gratuidad se agrupan en 3 de las instituciones técnicas de mayor prestigio en el país, lo que puede verse como un gasto correctamente focalizado. Sin perjuicio de ello, es preocupante la constatación que la Contraloría hace de la diferencia entre aranceles reales y aranceles regulados, pues se traduce en 17.200 millones de pesos en menores ingresos para las universidades.
Las tres instituciones más afectadas son universidades privadas fuera del
Cruch, lo que, sumado a lo expuesto anteriormente, refuerza el escenario discriminatorio. Llama fuertemente la atención que varias instituciones adscritas a esta política vean disminuida de manera relevante y significativa su matrícula de primer año. Para el caso de las universidades, 12 de ellas disminuyeron su matrícula de primer año en más del 10% y una en más de 20%. Estas cifras permiten dudar sobre la sustentabilidad de esta política.
¿Qué nos permiten concluir estos datos? A grandes rasgos, Chile invierte cantidades importantes de recursos fiscales en educación superior, pero fuertemente concentrados en un grupo específico de instituciones. Dicha concentración responde a que gran parte de estos recursos no se entregan de manera justa y eficiente. Un sistema de financiamiento moderno debiera asignar recursos según la capacidad de cada institución de proveer bienes públicos de calidad que el Estado busca promover –docencia, investigación y vinculación con el medio-, y no por razones históricas. Por otra parte, este informe debiera alentar una reflexión sobre quienes promueven el diseño actual de la política de gratuidad, pues a corto andar resulta financieramente negativa para el sistema. Además, se están generando nuevas discriminaciones, al crearse fondos como el “aporte para el fomento de la investigación”, al que solo acceden las universidades privadas que se incorporan a la gratuidad. Esta atomización y segregación de los instrumentos de financiamiento estatal son contrarios a la transparencia y establecen incentivos confusos para el sistema.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que, más que bregar por más recursos, las instituciones debiéramos buscar que estos se distribuyan de manera más innovadora, racional y estratégica. Esto no quiere decir tratar igual a instituciones que son diferentes, pero sí implica reconocerle las mismas condiciones y capacidades para entregar la formación e investigación que el futuro del país requiere.
El diseño de la política de gratuidad resulta financieramente negativo para el sistema.