EXPECTATIVAS ANTE PRÓXIMA REFORMA PREVISIONAL
Deben darse todas las facilidades para que el trabajo se formalice y la cobertura previsional crezca, pero sin facilitar situaciones de riesgo moral que afectarán financieramente al Estado.
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El proyecto de reforma previsional que se apresta a dar a conocer el gobierno va a ser juzgado desde diferentes puntos de vista de significación técnica. Uno esencial es la preservación de su calidad en términos de otorgar las mejores pensiones posibles, a precios competitivos. Tras el largo período de crítica destemplada a que ha estado sujeto el sistema, hay consenso sobre la imposibilidad de volver a sistemas de reparto, que ya no calzan con la realidad demográfica que enfrenta el país. Asimismo -y, ahora, en la lógica de sistemas de capitalización de los aportes previsionales-, ha quedado de manifiesto la ausencia de propuestas significativas para mejorar la rentabilidad de las inversiones. Salvo mejoramientos marginales en las regulaciones, el debate parece haber concluido en que el sistema, en su esquema de multifondos ha operado en forma eficiente, logrando estándares elevados de rentabilidad y seguridad para los fondos.
Otro punto de vista será el costo de operación del sistema. Habiendo evidencia de costos excesivos, como el hecho de que ciertas AFP logren sostenerse en competencia con tarifas muy inferiores a las que predominan en el mercado, debe tenerse en mente que el nivel de las comisiones no es hoy un factor que justifique arriesgar aspectos esenciales del sistema como son la seguridad y rentabilidad con que se manejan los fondos. Tal vez una combinación de estímulos para que nuevas AFP entren al sistema, facilitándoles la subcontratación de la gestión administrativa con otras AFP que operen en una escala superior, tal de poder concentrarse en el manejo de inversiones; junto a menores limitaciones a la competencia vía comisiones, permitiría avances significativos, sin ceder en la noción de entidades de giro exclusivo y adecuadamente supervisadas.
Un énfasis que se espera del proyecto es en la corrección de los parámetros que determinan que un trabajador que cotiza regularmente, con lagunas limitadas, pueda obtener una pensión razonablemente comparable al promedio de los sueldos sobre los cuales cotizó en su vida. Esto supone adecuar los límites al ingreso imponible, las tasas de cotización, y las edades mínimas de jubilación, tal que, ante expectativas de vida cambiantes, y cuando el ahorro previsional tiende a ocurrir según los mínimos legalmente establecidos, las pensiones resultantes sean satisfactorias.
La precaución esencial debe estar en no crear incentivos a la informalidad laboral, por una parte, y en no abrir la posibilidad de abuso del sistema creando obligaciones de cotizar, que puedan ser solo parcialmente cumplidas, pero que generen al Estado una obligación de otorgar una pensión. Nuestro problema previsional está en la baja densidad de las cotizaciones de muchos trabajadores. Tras ello hay deficiencias en el mercado laboral, que deben corregirse allí y, posiblemente, la preferencia de muchos trabajadores por mantenerse independientes y ahorrando para su vejez a través de otros mecanismos que no pasan por el sistema previsional.
Deben darse todas las facilidades para que el trabajo se formalice y la cobertura previsional crezca, pero sin facilitar situaciones de riesgo moral que afectarán financieramente al Estado.