AULA SEGURA
SEÑOR DIRECTOR
El proyecto de ley “aula segura” anunciado por el gobierno busca acelerar la expulsión de estudiantes que hayan incurrido en acciones de extrema violencia contra la comunidad educativa, con el objetivo declarado de que la víctima no conviva con el agresor. Esto es razonable, pues se trata de hechos que escapan del ámbito de acción de un establecimiento educacional.
Si bien esta medida es positiva, surgen algunas aprensiones. En la amplia difusión del proyecto el gobierno ha preferido el léxico de la delincuencia y la seguridad. Esto preocupa, pues se corre el riesgo de que, por priorizar cierta visibilidad comunicacional, se desatiendan problemas de mayor alcance. En este caso son al menos dos. El primero es la dificultad de generar un clima escolar que permita el aprendizaje. Esta ley facilita la expulsión como medida de última instancia, urgente para algunos liceos, pero se requiere de una visión más general. Hace poco la ministra de Educación anunció un estudio sobre cyberbullying, otra forma de violencia mucho más generalizada cuyas silenciosas consecuencias también pueden ser fatales. En términos de política pública, esta última línea de acción debiera preferirse.
El segundo son las restringidas atribuciones de los directivos sobre la gestión de los recursos y sus equipos docentes, que, junto con el déficit de formación especializada, dificultan un liderazgo pedagógico efectivo.
Avanzar en ampliar sus facultades y mejorar sus remuneraciones es contribuir fuertemente a la necesaria autonomía de los establecimientos y devolver la confianza en el sistema. Estas materias son también urgentes y de mucha mayor profundidad política.