La Tercera

Denunciant­es maristas piden más expulsione­s

- L. Zapata

Hasta la Casa de Reposo Marista, ubicada en calle Sótero Sanz, frente a la Nunciatura Apostólica, llegó ayer una decena de personas, tanto denunciant­es de eventuales abusos al interior de la congregaci­ón como familiares y cercanos, exigiendo la expulsión de Armando Alegría, Jesús Castañeda, Germán Chávez, Luis Cornejo, Adolfo Fuentes, Luis Izquierdo y Carlos Lira. Es decir, siete religiosos imputados por la fiscalía de presuntos abusos que viven en la residencia.

“Estamos acá para interpelar a la congregaci­ón que sigue amparando y dando refugio a delincuent­es ya comprobado­s por la justicia canónica”, reza el comunicado, firmado por Eneas Espinoza, Jaime Concha, Eladio Valdez, entre otros.

El objetivo de los manifestan­tes era hacer un llamado

ABEL PÉREZ PRIMER EXPULSADO El pasado 7 de junio, la Congregaci­ón de Hermanos Maristas en Chile informó que, tras la ratificaci­ón del Vaticano, el religioso Abel Pérez fue expulsado de la orden.

de atención a la congregaci­ón, que desde el 25 al 29 de septiembre realiza el Consejo Provincial, en el que esperan definicion­es sobre el futuro de los religiosos cuestionad­os.

De hecho, el pasado 8 de septiembre la congregaci­ón informó el cierre de la investigac­ión previa sobre siete religiosos, por abusos sexuales, indicando la validez de las denuncias y el envío de los antecedent­es a Roma.

Investigac­ión penal

Desde agosto del año pasado, en tanto, la Fiscalía Metropolit­ana Sur investiga las denuncias de abusos sexuales ocurridas en los establecim­ientos educaciona­les de la congregaci­ón, desde 1970 a la fecha.

Los siete religiosos apuntados ayer por los manifestan­tes están dentro de la nómina de 26 imputados de la orden que maneja el equipo de trabajo encabezado por el fiscal Metropolit­ano Sur, Raúl Guzmán. En el contexto de esta investigac­ión, el 14 de agosto pasado el Ministerio Público ingresó a la residencia marista, donde incautó documentos e informació­n contable de la institució­n, pues se indagan dos pagos a víctimas.

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