La libre determinación de los pueblos
El concepto de autodeterminación de los pueblos parte con el derecho “de los aborígenes a disponer de su propio territorio y de su gobierno” (Francisco de Vittoria, 1539) y se consolida con las revoluciones en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, todas basadas en ideas liberales de la Ilustración. La libre determinación se concibe como el derecho de las colonias a la liberación (incluso por la fuerza), algo en lo que coincidirían Lenin y Woodrow Wilson.
El mismo principio se explicita en la Carta de las Nacionales Unidas (promovido en 1945 por la extinta Unión Soviética) y, aunque no se explicita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció el derecho a la libre determinación como requisito para disfrutar plenamente de los derechos humanos. También por influencia soviética, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en diciembre de 1960, que afirma: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
Este noble principio, que dio sustento a las revoluciones sociales que abrieron paso a la era moderna, pretende ahora usarse para validar sistemas que destruyen los derechos inalienables con que cada individuo nace. Sería el principio que le permite a los autócratas de Cuba decidir que todo cubano que quiera actuar en política debe hacerlo dentro del Partido Comunista, o ser considerado un traidor. O en Nicaragua y Venezuela limitar las libertades, como si sus ciudadanos hubieran firmado un contrato de esclavitud voluntaria. Igual que tendríamos por inválido tal contrato de esclavitud voluntaria, inválido debe considerarse un sistema que bajo el principio de libre determinación decide violar derechos humanos.
El derecho a determinar la condición política de un país no es el derecho de un grupo, aunque sea mayoritario, a oprimir, subyugar, acallar o limitar al resto. Tal es mi convicción, el único sistema compatible con la libre determinación en la era moderna es el de una democracia real. Una democracia que gobierne a ciudadanos, no a súbditos.
Por esta razón es relevante la demanda contra Venezuela de los presidentes de Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, ante la Corte Penal Internacional (CPI), pidiendo investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad. Es un primer paso, pero claramente insuficiente.
No existen soluciones mágicas, pero al menos debemos partir por reconocer que la libre determinación de los pueblos no puede ser la excusa para validar la violación sistemática de los DD.HH. y civiles.