Certeza jurídica tributaria
El proyecto de modernización tributaria persigue dotar de mayor certeza jurídica al sistema, aspirando a generar mayor confianza en los poderes públicos y no ha debilitarlos.
La seguridad jurídica es un principio fundamental de cualquier estado de derecho. En general, se refiere a la certeza y previsibilidad que tienen los individuos al conocer y entender las normas y las consecuencias jurídicas de sus actos y de las acciones que puedan recaer sobre ellos, sus bienes y/o derechos.
La seguridad jurídica es un factor crucial para el desarrollo económico de cualquier nación. Y es que la actividad emprendedora y las decisiones de localización de inversión resultan incompatibles con la incertidumbre que generan leyes que dejan espacios para el actuar discrecional de la autoridad y de los tribunales de justicia. Normas claras y simples, susceptibles de ser conocidas por la ciudadanía, que se aplican a conductas posteriores a su entrada en vigor y en las que el supuesto de hecho descrito en la norma, y para el cual se prevé su aplicación, está rigurosamente perfilado a fin de evitar la introducción de criterios subjetivos en su puesta en práctica, son esenciales para generar un entorno de confianza y constituyen la concreción de los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso, indispensables para el desarrollo.
Para el derecho tributario, tales principios -recogidos en nuestra Constitución- constituyen un elemento esencial y vienen a limitar los criterios de interpretación tradicionales de las normas jurídicas. No debe olvidarse que los tributos importan una extracción de las rentas de los contribuyentes, de manera que esa intervención, necesaria para financiar el gasto público, se justifica solo si ha sido autorizada a priori por una ley expresa, clara en sus determinaciones y que respeta los principios de no confiscación y de igualdad.
El proyecto de modernización tributaria presentado al Congreso Nacional por el gobierno persigue, dentro de sus objetivos esenciales, dotar de mayor certeza jurídica al sistema tributario chileno, aspirando con ello a generar mayor confianza en los poderes públicos y no a debilitarlos como se ha sostenido. En esta categoría caben las modificaciones que se proponen a la Norma General Antielusión, que apuntan justamente a resguardar la concreción del principio de legalidad tributaria; los cambios tendientes a brindar mayor certeza a los contribuyentes en los procesos de fiscalización, reponiendo plazos prudentes y estrictos para las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, y la explicitación de importantes derechos de los contribuyentes, los que contarán con un procedimiento reglado en caso que sean vulnerados.
Ciertamente, la realidad y velocidad en el desarrollo de los negocios supera a la ley, la que suele ser reactiva. De ahí que siempre existirán determinadas incertidumbres. Lo relevante es que exista un entorno con importantes niveles de seguridad jurídica para que éstas puedan ser razonablemente gestionadas, fin al que aspira el proyecto y que debiera ser objeto de amplio consenso al constituir un impulso al crecimiento, a nuestra competitividad como país a nivel internacional y a generar confianza en las autoridades públicas.