Banco Unificado de Datos
Hace seis años, y en lo que sería un proyecto emblemático de la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, se daba a conocer la creación del Banco Unificado de Datos, como una herramienta esencial en el combate a la delincuencia, para apoyar la gestión de prevención y control de las instituciones encargadas de la seguridad pública. La plataforma tecnológica permitiría registrar y reunir la información relativa a antecedentes, provenientes de nueve instituciones, facilitando tanto el trabajo operativo –administrado por el Ministerio Público-, como el análisis, diseño y seguimiento de políticas públicas en materias de criminalidad, seguridad, rehabilitación y reinserción, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Por lo tanto, sorprende que luego del tiempo transcurrido y habiéndose invertido una cifra cercana a los $3.500 millones en la iniciativa, no esté funcionando adecuadamente y como se proyectó. Más aún cuando en materia de medidas para enfrentar la delincuencia y hacer más efectiva la coordinación entre policías y Ministerio Público falta mucho por avanzar.
Si bien la subsecretaria de Prevención del Delito ha señalado que las instituciones han aprobado la redacción del nuevo reglamento, que establece los datos que deben proporcionar y la obligación de entregarlos, lo que es una buena señal, es preocupante lo recogido en el informe del gobierno, en cuanto a las fallas que llevaron al entrampamiento. No es aceptable que entregas de información incompleta, claramente errónea o derechamente innecesaria, o disparidad tecnológica, luego de tanto tiempo, hayan impedido que no se avanzara en poner en plena operación el sistema, y menos que se siga encapsulando la información y exista resistencia a un trabajo colaborativo.
Por lo tanto es esencial, si se quiere avanzar, promover un cambio cultural profundo en la propia administración del Estado y fijar objetivos claros en la gestión de las autoridades de cada una de las instituciones, asignando las responsabilidades y exigiendo coordinación y resultados. De lo contrario los recursos se seguirán dilapidando, dejando de financiar otros programas e instituciones que los necesitan, y desperdiciando la oportunidad de un mecanismo que puede otorgar una mayor eficiencia al trabajo preventivo y persecutorio del delito.