EL TRATADO DE ESCAZÚ ESPERA FIRMA DE IMPULSOR

SEÑOR DIRECTOR

Ha llamado la atención que Chile postergara el nuevo estándar para las decisiones ambientales que operará en América Latina y el Caribe. Ello, en el contexto de crisis en Quintero y Puchuncaví y en un aumento de los conflictos socioambientales, como lo muestra el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Quince países, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, suscribieron el Tratado de Escazú explicitando su compromiso político con la democracia ambiental. Todo gracias a que Chile propuso a la región avanzar en conjunto y en forma colaborativa.

Este primer convenio ambiental de Latinoamérica y El Caribe beneficiará a más de 500 millones de personas y cuenta con la Cepal como Secretaría Técnica. El Tratado se basa en el círculo virtuoso entre democracia, protección del medio ambiente y DD.HH. Apunta a la transparencia, la participación efectiva y el acceso a la justicia con debidas garantías. Es, además, el primer acuerdo a nivel mundial que aborda explícitamente la situación de los defensores ambientales. En la región más desigual del planeta, que concentra prácticamente el 70% de ataques a estos activistas, los Estados deberán brindar un entorno seguro.

El desarrollo sustentable, como demanda la Agenda 2030, requiere acuerdos y confianzas como propone el Tratado de Escazú. Esta fue la visión que propuso Chile y que hoy celebra la comunidad internacional. Si nuestro país firma, y prontamente ratifica, retomará su liderazgo, confirmando que fue y será un protagonista comprometido con este hito histórico.

Negociadora de Chile para Convenio de Escazú (2012-marzo del 2018)