Se valora pero aún falta
Valoramos la disposición del Presidente Piñera y la actuación del ministro Moreno al querer abordar las múltiples dimensiones jurídico-políticas, económicas, sociales y culturales que provocan el rezago de La Araucanía y, en particular, la compleja y conflictiva relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, como también la decisión en avanzar hacia el reconocimiento jurídico-político– administrativo de los pueblos indígenas. Lo valoramos por cuanto no se plantea como una imposición sino como lo dijera el propio Presidente en un “punto de partida” para el necesario diálogo que se debe dar entre pueblos naciones que se respeten y como se ha comprometido Chile ante la comunidad internacional.
Así, valoramos que se le otorgue urgencia al proyecto de ley en tramitación en el Senado que crea el Ministerio de Pueblos indígenas, aunque nos gustaría que la denominación fuera el de “Ministerio de las Primeras Naciones”, como es el tratamiento que da Canadá a sus pueblos indígenas.
No obstante, no estamos de acuerdo con la creación del Consejo de Pueblos indígenas, pues la participación política efectiva se da en el Parlamento. Nos parece que el Consejo de Pueblos solo es un distractorio para no permitirnos la participación política efectiva. Estamos seguros que el Consejo nunca será sentido como representativo y esta institución creará nuevos y graves conflictos.
Valoramos también el anuncio de la voluntad en promover mayor participación política de los pueblos indígenas en instancias electivas (Parlamento, Core y municipios). Participación que a la fecha es inexistente y que resulta fundamental para asegurar el derecho a la igualdad y no discriminación de nuestros pueblos y sus integrantes. Sin embargo, no estamos de acuerdo con una ley de cuotas mínimas dentro de los partidos políticos, pues nos politizará partidariamente, creando mayor fricción entre los propios indígenas, y entre éstos y la sociedad mayor. Lo que se pide son escaños reservados para las primeras naciones con patrón electoral propio.
Con respecto al anuncio de un proyecto de reconocimiento constitucional a ser enviado este año al Congreso Nacional, que ha sido prometido desde el año 1989 sin que se cumpliera por la antigua Concertación y luego Nueva Mayoría, nos preocupa, pues ésta solo pone a Chile al día en la década de los años 90, ya que se limita, fundamentalmente, a los derechos culturales de las primeras naciones, dejando fuera los derechos políticos reconocidos por la mayoría de los países que tienen mejores resultados en su relación con sus primeras naciones (Canadá, Nueva Zelandia, EEUU, Colombia, México, etc), como son la libre determinación, autonomía en materias que nos corresponde, los derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, plurinacionalidad, plurilingüismo, desarrollo económico desde la propia cosmovisión. Todos ellos, propios del siglo XXI, reconocidos en los instrumentos internacionales antes indicados (ONU, OEA, OIT) suscritos por Chile.
Nos parece que lo anterior es una seria omisión, no solo porque el Estado chileno se ha comprometido a respetar e implementar estos derechos al suscribir estos instrumentos ante la comunidad internacional, sino también porque, como señalamos, es justamente hoy ese incumplimiento la base del conflicto intercultural que vivimos en el Bíobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se agrava la omisión por cuanto hace menos de un año se realizó un proceso de consulta con los nueve pueblos indígenas sobre los contenidos de una Constitución en las materias susceptibles de afectarles, proceso en el que se plantearon contenidos para el tipo de reconocimiento constitucional que se aspira –como el derecho de autodeterminación y el estado plurinacional–que no pueden ser ignorados desde el Ejecutivo, atendiendo la continuidad del Estado.
El reconocimiento constitucional de la propuesta es de los años 90. Se limita a derechos culturales.