Justicia internacional
¿Para qué sirve la justicia internacional? No es simplemente una pregunta retórica; hay dos asuntos que se ventilan hoy que nos llevan a plantearlo. Por una parte, la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para que se reconozca la obligación de Chile de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a este país una salida soberana al océano Pacífico. Adicionalmente, Chile junto a otros cinco países ha pedido a la misma corte que investigue presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La primera cuestión, que se dirime el próximo lunes, tiene según los expertos dos desenlaces improbables: que se rechace de plano la demanda boliviana o que se acepte en todas sus partes. Lo probable sería un desenlace intermedio en el cual la corte invite o convoque a ambos países a negociar. Esta opción tiene a su vez variantes. Una simple invitación es casi equivalente a la derrota boliviana pues no cambia en absoluto la situación actual. Una convocatoria, en cambio, dependiendo de sus términos, podría significar un avance en la reivindicación boliviana, en particular si se habla de un acceso soberano. Menos onerosa para Chile sería la mención de una negociación de buena fe. En cualquier caso, estas alternativas, en los hechos, no debieran cambiar la situación de Chile, pues la corte no nos obligará a ceder soberanía.
Volvemos entonces a nuestra pregunta inicial: ¿para qué sirve la justicia internacional?
La Corte Internacional de Justicia ha demostrado que no falla estrictamente en derecho, vale decir, respetando en este caso el derecho internacional plasmado en los tratados suscritos entre los países. Ya en la objeción que hizo Chile a la competencia de La Haya para conocer la demanda boliviana sorprendió la amplia mayoría del tribunal para rechazar la incompetencia. Chile tenía argumentos jurídicos: el tratado de 1904 que fija los límites marítimos es anterior al Pacto de Bogotá, Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, instrumento que provoca la comparecencia de Chile y Bolivia al tribunal de La Haya. A mayor abundamiento el pacto de Bogotá, de 1948, señala en su artículo sexto expresamente que no se pronunciará sobre materias acordadas con anterioridad a su vigencia. Recordemos también que el fallo del tribunal de La Haya en el caso de límites marítimos entre Chile y Perú no se atuvo en absoluto al derecho, sino fue un ejercicio de imaginación cartográfica de los integrantes de la corte.
Vamos al otro tema. ¿Por qué Chile y otros cinco países llevan el caso de Venezuela a La Haya? Lo hacen porque los organismos internacionales competentes, Naciones Unidas y la OEA son incapaces de proveer una solución a la grave crisis humanitaria que vive ese país por acción del gobierno de Nicolás Maduro. El Consejo de Seguridad de la ONU es inoperante dado el veto que tienen sus miembros permanentes. La OEA, pese a las buenas intenciones y las ínfulas de su secretario general, Luis Almagro, no ha sido capaz de mostrar un camino viable para intervenir en Venezuela. La investigación que se le pide a la Corte de La Haya es desde ese punto de vista más bien simbólica, pues no obligará a Maduro y dados los tiempos habituales de la Corte de La Haya no se hace cargo de la urgencia de la crisis humanitaria que tienes a cientos de venezolanos muriendo de hambre.
¿Para qué sirve entonces la justicia internacional?
Dado esto, surge como inevitable la reflexión acerca de la conveniencia de seguir perteneciendo al Pacto de Bogotá que da competencia a la Corte Internacional de Justicia. Gastamos recursos para terminar con fallos que no se ciñen al Derecho sino a consideraciones políticas que terminan enturbiando nuestras relaciones internacionales. Chile no tiene reivindicaciones limítrofes con nuestros vecinos, de modo que el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, plasmado en el Pacto de Bogotá, es para nosotros completamente inútil.
El fallo debe ser enfrentado con serenidad y también con mucha unidad. Luego, y en los tiempos que corresponda, Chile debe revisar su permanencia en el Pacto de Bogotá.