Tragamonedas: remueven a fiscal y trasladan caso a Alta Complejidad
Manuel Guerra, jefe de la Fiscalía Oriente, notificó a Roberto Contreras su salida de la causa, en que se indaga un eventual lavado de activos.
La primera semana de septiembre, a días de que se concretaran los allanamientos simultáneos por un eventual lavado de activos ligado a los salones de máquinas de tragamonedas, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, solicitó al persecutor a cargo de esta causa, Roberto Contreras, que se dedicara de forma exclusiva a esta investigación.
Sin embargo, a menos de un mes de esa petición, en una reunión ocurrida a las 9.30 de ayer, el jefe regional notificó a Contreras su decisión de trasladar la causa a la Unidad de Alta Complejidad y, de esta manera, removerlo del caso.
Según un comunicado de la Fiscalía Oriente, la decisión se funda en que la aparición de un “importante número de antecedentes” hicieron “pertinente” el traslado de la investigación a la mencionada unidad. En este departamento, según el escrito, se dispone de “mayores recursos investigativos”. De hecho, la Fiscalía de Alta Complejidad es la encargada de tramitar las causas más complicadas en términos procesales.
En la declaración pública también se alude a que, dada la amplitud del caso, se requiere realizar diligencias que superan el ámbito territorial de la Fiscalía de Las Condes.
En su línea investigativa, Contreras indagaba un supuesto vínculo de la asociación gremial de operadores de máquinas de juegos -Fidencon organismos públicos, que incluye a personas ligadas a la política.
La relación que Guerra y Contreras han sostenido hasta ahora es descrita por cercanos como profesional, pero sin confianzas. Asimismo, quienes conocen la dinámica interna de esa fiscalía explican que el persecutor Felipe Sepúlveda, de la unidad de Alta Complejidad, sí goza de la confianza del jefe regional. En otra vereda, en tanto, intervinientes del caso interpretan la maniobra de Guerra como un intento por intervenir el caso.
La reunión clave
Según quienes conocieron los detalles de lo ocurrido, en la reunión de ayer, Guerra le planteó al subalterno que su dedicación en esta causa podía afectar el funcionamiento de la Fiscalía de Las Condes. Esto, porque según las fuentes, el caso requiere una alta carga de tramitación.
Contreras no estuvo de acuerdo con los argumentos. Según conocedores de lo sucedido, el fiscal le hizo ver a Guerra que nunca se había quejado por tramitar este caso, que tampoco le había solicitado que lo nombrara como fiscal exclusivo -por un plazo de dos meses-, y que no era necesario más apoyo para indagar la causa.
Luego de la cita donde no hubo cambio de posturas, Contreras pidió una audiencia con el fiscal nacional Jorge Abbott, para manifestarle su descontento con la decisión que tomó su superior jerárquico.
Pese a que la solicitud del fiscal adjunto era reunirse ayer con la máxima autoridad del Ministerio Público, el encuentro fue postergado para la próxima semana.
Según fuentes informadas, e requerimiento de audiencia apunta a conocer de Abbott si la decisión responde a una postura institucional sobre el caso. Asimismo, conocedores de lo ocurrido explican que el persecutor no descarta presentar su renuncia.
Contreras había encabezado a fin de agosto una serie de allanamientos que incluyó a directores y asesores de Fiden. En total fueron 17 inmuebles, donde se incluye al exedil Pablo Zalaquett; el excandidato a diputado Nelson Hadad; el exsuperintendente de casinos, Francisco Leiva; y al operador DC, Carlos Tudela.
Respecto al cambio de fiscal, el abogado de Zalaquet, Marcelo Hadwa, dijo ayer que “me parece una decisión lógica, en atención a la descripción de los hechos que el propio fiscal, en audiencia, dijo estar investigando. Lo veo como algo positivo. Confío en que fiscales especializados, con experiencia en causas complejas, puedan constatar, con mayor celeridad, que el señor Zalaquett no ha tenido participación alguna en conductas ilícitas”.
Por su parte, el abogado querellante de la causa de los salones de juego clandestinos, Juan Carlos Manríquez (quien representa a la Asociación de Casinos), señaló que “entiendo que está en las facultades del fiscal regional y que si lo hizo, es porque la investigación lo requiere por su naturaleza”.b