Proyecto Aula Segura enfrenta críticas de constitucionalidad
La Comisión de Constitución revisó la propuesta y emitirá un informe el martes. El debate gira en torno al debido proceso que tendrán los escolares.
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La Comisión de Constitución del Senado inició ayer la tramitación del proyecto Aula Segura, que reduce de 25 a cinco los días de plazo para expulsar a escolares acusados de delitos, lo que abrió un debate sobre si existen garantías para que los alumnos se puedan defender.
Y de acuerdo a los doctores en Derecho y profesores en Derecho Constitucional Manuel Antonio Núñez, de la U. Católica, y Jaime Bassa, de la U. de Valparaíso, quienes expusieron en esta primera sesión, el proyecto no contempla ese debido proceso e incluso sería inconstitucional.
Núñez afirmó que “no cumple con el estándar del debido proceso, porque con el fin de proteger a la comunidad escolar, adelanta una sanción sin un proceso previo”, lo que no sería justo. Y si es que sí se quiere contemplar el debido proceso, añadió, “esta interpretación no está del todo clara aparentemente en las intenciones del gobierno”.
“El fin que busca el gobierno se puede lograr autorizando al director del establecimiento a suspender al alumno. La suspensión como
medida cautelar garantiza la seguridad de la comunidad y el debido proceso del alumno investigado”, agregó.
Por su parte, Bassa aseguró que Aula Segura derechamente “adolece de una inconstitucionalidad evidente, toda vez que los principios del debido proceso solo están relativamente considerados desde el momento en que se aplica la sanción de expulsión, pero no en los momentos previos de la investigación, lo que impide el derecho a defensa, presentar pruebas o conocer una investigación en contra del alumno”.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, asistió a la sesión y defendió su proyecto, afirmando que sí se cumplen “no solo las garantías del debido proceso, sino que también algo fundamental, que es el derecho a la seguridad de la comunidad educativa y el derecho a la educación de la comunidad”.
“Este proyecto obliga al director a hacer una resolución fundada, lo que evita arbitrariedad en la decisión, y al mismo tiempo le da el derecho al estudiante a defenderse”, agregó, acusando además que se está retrasando el trámite del proyecto, que tiene urgencia.
El presidente de la comisión, Francisco Huenchumilla (DC), explicó que en la instancia resolverá si el proyecto es admisible, pero que “no es facultad de las comisiones ni del Senado pronunciarse por la constitucionalidad de fondo”, lo que puede ser revisado por el Tribunal Constitucional. Además, informó que el próximo martes emitirán el informe de admisibilidad.
Centros de estudio
El debate también está instalado entre los expertos. Nicole Cisternas, encargada de Política Educativa de Educación 2020, dice que hay dudas “de si esto entra en conflicto con la Convención de los Derechos del Niño, porque ellos no serán escuchados antes, se les notificará por escrito y la apelación será posterior”.
Además, dice que tampoco hay claridad sobre “el proceso de reubicación y apoyo psicosocial a víctimas y victimarios, porque el proyecto asegura la reubicación, pero no se han dado detalles de cómo va a ser”.
Por contraparte, María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo, plantea que el proyecto es necesario, porque actualmente “el proceso de expulsión es bastante engorroso y todas las medidas disciplinarias tienen que estar explicitadas en el reglamento interno”, y los hechos de violencia o porte de bombas molotov no están contemplados.
“En la práctica, la expulsión de alumnos no se ha podido hacer con mayor celeridad y eso es porque algo no está funcionando”, agregó Arzola. ●