Plan Araucanía
Los anuncios del gobierno de un nuevo plan destinado a superar los conflictos en La Araucanía eran esperados en la región y el país con particular interés por el grado de violencia que se venía observando en los últimos años. El propio Presidente Piñera había señalado que se trataba de una materia que requería un tratamiento urgente y que uno de los ejes de su administración sería poner en marcha un plan diseñado con amplia participación y sin exclusiones. Ya en el poder, el ministro Alfredo Moreno se encargó de ratificar el compromiso, con permanentes visitas a la zona.
La semana pasada tuvimos una primera señal de lo que pretende el gobierno: el plan denominado Impulso Araucanía, destinado a lograr el desarrollo y la paz en la región. Pero el Presidente Piñera solo entregó líneas gruesas y diversas organizaciones mapuches expresaron sus dudas, compartidas por otros sectores de la comunidad regional. Hubo dos anuncios, en particular, que concentraron estas dudas: la ley de reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y la de cuotas en partidos políticos.
La primera respondía a una vieja aspiración del mundo indígena, aunque está lejos de satisfacer sus actuales demandas. Siguen esperando recuperar las tierras que les fueron arrebatadas cuando llegó el Estado en el siglo XIX; recuperar su derecho a controlarlas y a tener un alto grado de autonomía para negociar con empresas que llegan a la zona -según ellos- a empobrecerlos y agotar sus recursos naturales. Y como el Estado nada hace para evitarlo -dicen- se sienten con el derecho a luchar contra lo que llaman un Estado colonialista y las empresas a las cuales protege. Y aunque parezca incómodo para las autoridades de gobierno y algunos grupos empresariales, algo de razón tienen.
La solución pasa por un diálogo amplio y acuerdos sustentados en el respeto y la justicia. No se trata de justificar la violencia, sino de comprender por qué se produce y cómo podemos superarla. Por eso, el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos ancestrales parece insuficiente, a pesar del avance que representa.
Con la ley de cuotas, que obliga a los partidos políticos a presentar un porcentaje obligado de candidatos indígenas a los cargos de elección popular, ocurre algo parecido. Para ciertos grupos es un avance importante; no obstante sectores del mundo indígena han expresado su disconformidad. En mi opinión, hay dos riesgos que se desprenden de esta ley: primero, la amenaza que los dirigentes indígenas sean “capturados” por los partidos políticos, aumentando el clientelismo; y, segundo, que sus demandas se confundan con aquellas de partido, postergando las propias. En pocas palabras, no garantiza la plena participación. Y la experiencia histórica lo demuestra. Basta recordar el caso de la ley de división de las comunidades de 1927, que defendió en el Congreso Manuel Manquilef, bajo el convencimiento que sólo la propiedad privada puede garantizar el desarrollo.