CONCLUSIONES DE COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CAE . TEMERARIA CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS

Es lamentable que su énfasis haya estado puesto en la denuncia y no en cómo enriquecer nuestras políticas públicas.

Esta semana concluyó el trabajo de la Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado (CAE), que fue impulsada por diputados del Frente Amplio y aprobada transversalmente. Si bien ésta tenía la finalidad de indagar sobre los actos del gobierno vinculados a la implementación del CAE, así como la situación de sus deudores, llama la atención que deviniera en un documento de tono inquisidor y que instala visiones muy parcializadas sobre esta política pública que comenzó el año 2006, y cuya contribución al país -sin perjuicio de sus inevitables falenciasresulta indudable.

El CAE nació en un momento en que la educación superior todavía estaba mayormente reservada para los sectores de más altos ingresos y cuando las ayudas estudiantiles del Estado para quienes asistieran a instituciones fuera del Consejo de Rectores eran casi inexistentes. Las cifras oficiales indican que desde 2006, el CAE ha sido utilizado por más de 874 mil estudiantes, 55% de los cuales proviene del 40% de menores ingresos del país. De esa forma, su introducción permitió entregar apoyo a quienes de otra forma no hubiesen podido ingresar a este nivel educativo, o bien tendrían que haberlo hecho a un costo sustancialmente mayor, contribuyendo así con el crecimiento del acceso, al punto que hoy la mayoría de los estudiantes en educación superior son primera generación de su familia.

Si bien se trata de una política perfectible -y el mismo Presidente Sebastián Piñera así lo entendió cuando en su gobierno anterior redujo la tasa de interés e incorporó un límite del 10% de ingreso para el pago de la deuda-, constituye un despropósito atribuir malas intenciones en las acciones de los sucesivos gobiernos que diseñaron e implementaron esta política, toda vez que éstos no contaron con la información que hoy sí está disponible respecto a la situación de los egresados y al elevado costo fiscal que ha significado. No parece sensato que el foco del informe de la Comisión Investigadora esté en encontrar culpables, y aún más discutible es que una de sus conclusiones sea la necesidad de “reparar” a los deudores del CAE. Esta idea parece sostenerse en que el endeudamiento excesivo ha sido el resultado general de dicho sistema, lo que no es efectivo.

Quienes se ven más afectados con altas deudas son quienes no finalizaron su carrera -lo que no es atribuible al sistema de financiamiento-, mientras que la mayoría de quienes egresaron se encuentran al día en el pago de sus cuotas, que en un 70% no superan las 2 UF. E independiente de ello, es preocupante que se introduzca la idea de “reparación”, como si en lugar de beneficiarios de una ayuda estatal, se tratara de “víctimas”. Que el Estado se haya visto impedido de aportar más recursos a los estudiantes de educación superior no autoriza a una calificación de esta naturaleza, y referirse en esos términos legitimaría que la condición de “victimario” se extienda a todos quienes no se sientan cabalmente apoyados por el Estado en diversos aspectos de su vida.

Pese a su contribución, es un hecho que el CAE también ha presentado numerosas falencias, y en ese contexto las facilidades que se busca dar a sus deudores es un esfuerzo que bien vale la pena, conservando las ventajas de un sistema de crédito que recoja los aprendizajes.