ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES

SEÑOR DIRECTOR

Las columnas de los abogados Juan Enrique Vargas y Álvaro Ortúzar, publicadas recientemente por su medio, coinciden en relevar un hecho que, pese a su importancia, pasó a un rápido segundo plano producto del fallo favorable a Chile en La Haya. Me refiero a los montos obtenidos por Conadecus y Odecu, luego de sus actuaciones en el marco del proceso compensatorio por la colusión del papel tissue y que, en conjunto, alcanzan cerca de $2.795 millones (US$ 4 millones).

Es evidente que al dictarse la Ley del Consumidor no se previó este tipo de situaciones, que requieren un tratamiento cuidadoso para no afectar la confianza. Como muy bien señala el abogado Vargas, en su mayoría, estas organizaciones apenas cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su constitución y funcionamiento, dependiendo casi en un 100% del financiamiento del Estado.

A la luz de la controversia pública que ha provocado esta arista del caso colusión del papel, nuevamente nos encontramos con terreno fértil para aumentar la desconfianza en las instituciones y las sospechas de lucro indebidos, por lamentables vacíos del sistema que hoy como parlamentarios debemos resolver.

En Chile Vamos presentamos un proyecto de ley que profundiza la transparencia de las organizaciones de consumidores. En particular, establece la obligación de publicitar las labores de representación, así como el destino de los recursos obtenidos. También señala que las compensaciones por gastos de juicios (o costas) que obtengan deberán ser informados al Servicio Nacional del Consumidor de manera semestral. Paralelamente pedimos a sus dirigentes que asistan a la comisión de Economía de la Cámara para explicar el detalle de los gastos.

Esperamos que esta instancia haga suya esta iniciativa legislativa, perfeccionando su contenido.

Sebastián Torrealba

Diputado Renovación Nacional