Un pacto necesario
Recientemente, en una encuesta aparecida en un diario de Santiago, la mayoría de los consultados abogó por la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá. Y el fallo de la Corte, por la demanda de Bolivia contra Chile, fortalece la posición de aquellos que sostenemos que nuestro país debe seguir en dicho Pacto. Sin él, se argumentó antes de la demanda de Bolivia, no se habría producido la acción legal de este país sobre la obligación de negociar, a fin de lograr un acuerdo que le otorgara un acceso soberano al Océano Pacífico.
Estas críticas sobre la permanencia de Chile en el Pacto habían arreciado antes del reciente fallo de la CIJ, y eran del todo inconvenientes e inoportunas, ya que avizoraban un fallo desfavorable para nuestro país, lo que a todas luces parecían inviable, atendido el hecho de la plena vigencia del Tratado de 1904 y del mismo fallo de la Corte al decidir la excepción de incompetencia, que excluyó toda negociación con Bolivia con un fin predeterminado.
Por ello debíamos esperar con serenidad la sentencia, con la convicción que la soberanía de Chile no estaba en riesgo. Además, no se debía olvidar que la demanda de Chile contra Bolivia por el río Silala se hizo posible gracias al referido Pacto. Junto a ello, de retirarnos del pacto debe transcurrir un año para dejar de producir efectos legales.
La CIJ desestimó cada una de las argumentaciones bolivianas, ello demostró que es un tribunal apegado al derecho, no a la equidad, no creativo como se le denostó y que atendió las argumentaciones jurídicas chilenas.
Si nos retiramos del Pacto, los impugnadores sostienen que sería mejor someternos al sistema de solución del arbitraje. Pero su memoria ha olvidado la reacción contraria al arbitraje que hubo al conocerse el laudo que hizo perder a Chile todo el territorio conocido como
Laguna del Desierto, pese al optimismo que hubo centrado en que el tribunal arbitral estuvo integrado, por primera vez, solo por latinoamericanos: un colombiano, un salvadoreño y un venezolano, además de los árbitros chileno y argentino.
El retiro de nuestro país del Pacto de Bogotá enviaría una señal equívoca a la comunidad internacional, y en especial a América Latina, de que no confiamos en arreglar nuestros problemas internacionales por las vías pacíficas, o al menos, no por las que son efectivas y vinculantes.
Por lo demás, ante posibles litigios, si es que los hubiera, tenemos, por ejemplo con Perú, un sistema ya determinado de solución de controversias reglado por el Tratado de Lima de 1929, que señala como árbitro al Presidente de los Estados Unidos.
Del mismo modo ocurre con Argentina, país con quien tenemos suscrito un Tratado de Paz y Amistad de 1984, consecuencia del llamado conflicto del Beagle y de la mediación papal, que establece diversas instancias de solución pacífica, como la negociación, la conciliación y el arbitraje, que pasa a ser obligatorio si fracasaran los otros medios.
Para los países en vías de desarrollo, como es el caso de Chile, el Pacto de Bogotá es un tratado útil, ya que pone a disposición de las partes vías pacíficas de solución de problemas complejos y, lo que es más importante, constituye una garantía al nivelar el desequilibrio que pueda existir con países con mayor desarrollo.
Por ello, el costo de retirarnos del Pacto de Bogotá sería muy grave, al derribar un muro de protección de los países en desarrollo, además de dañar la imagen internacional de Chile de total respeto al derecho internacional y de honrar de buena fe los tratados vigentes.
No olvidemos que hemos sido miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nos acredita como un país amante de la paz y seguridad internacionales.
El retiro del Pacto enviaría una señal equívoca a la comunidad internacional.