Tragamonedas: fiscalía interceptó teléfonos en plena campaña 2017
Medidas intrusivas coincidieron con el proceso electoral del año pasado. Ministerio Público mantiene en reserva los hallazgos de estos seguimientos.
La intercepción de conversaciones telefónicas encomendada por el fiscal Roberto Contreras, quien estuvo a cargo de la investigación del caso tragamonedas, abarcó el periodo anterior y posterior a la elección presidencial y parlamentaria de 2017.
Según conocedores de la investigación, el Cuarto Juzgado de Garantía accedió en varias ocasiones a extender autorizaciones para continuar con estas medidas intrusivas solicitadas por el fiscal adjunto, periodo coincidente con la campaña electoral del año pasado.
El Ministerio Público indaga la existencia de posibles delitos de cohecho y soborno en la arista política del caso, que se originó a partir de una querella interpuesta por la Asociación de Casinos. Tras separar la indagatoria y decretar su reserva bajo las condiciones vinculadas al supuesto delito de lavado de activos, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, trasladó esta parte del caso a la Unidad de Alta Complejidad, donde se encuentran analizando el contenido de los registros.
Pese a que investigadores del caso han declinado referirse al tema, fuentes informadas señalan que la autorización del tribunal a interceptar las conversaciones telefónicas habría dado origen al registro de más de 500 horas de escuchas.
Posterior a las interceptaciones, la fiscalía realizó una serie de allanamientos que incluyó a directores y asesores de las Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado, Fiden. En total, fueron 15 allanamientos simultáneos efectuados en esta arista.
La asociación convocó para el próximo miércoles 10 de octubre a elecciones internas que se desarrollarán en una asamblea general que se iniciará a las 15 horas de ese día en el Hotel Manquehue de Las Condes.
Según la convocatoria, en esa reunión se abordarán aspectos de esta causa.
En su punto dos, la convocatoria dice: “Análisis del estado general de la industria, fallos judiciales, Congreso, causas de la fiscalía, proyecto de gobierno para eliminar”.
Sobre este último punto alusivo al Ejecutivo, la asociación tomará una postura respecto de la definición de la Subsecretaría de Hacienda que apunta a prohibir la presencia de máquinas tragamonedas fuera de los casinos. Fiden ha ejercido un lobby en el Congreso para conseguir el avance de un proyecto de ley que busca la legalización de la actividad
(ver recuadro), y en cuya tramitación el gobierno ha decidido intervenir para evitarlo.
Líneas de investigación
Según conocedores de la indagatoria, hasta el momento la fiscalía ha acumulado un alto volumen de documentación.
Además de los allanamientos a asesores y directores de la Fiden, se ha solicitado a más de 20 municipalidades información relacionada con el otorgamiento de patentes para que operadores de estas máquinas tragamonedas puedan funcionar en distintas salas y locales del país.
En ese sentido, quienes conocen los pasos que ha dado el Ministerio Público en esta indagatoria explican que analizar el proceso de otorgamiento de patentes, así como el ingreso de las maquinas al país, son parte de las pesquisas.
Desde la Comisión de Gobierno del Senado, en tanto, se ofició a varias municipalidades para conocer el número de patentes otorgadas. Cerca de 50 municipios ya contestaron el requerimiento.
Sobre este mismo punto, la Corte Suprema tiene en acuerdo un fallo clave para la industria. Esto, porque en febrero de 2017 la directiva de Fiden interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico en contra del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.
La asociación recurrió al tribunal porque días antes, el 23 de diciembre, la Contraloría había restringido el otorgamiento de patentes para este tipo de máquinas de juegos, cosa que hasta entonces era facultad de los municipios. Según la normativa, las máquinas de destreza no están prohibidas fuera de los casinos –como sí lo están las de azar–, y bajo ese registro se otorgan patentes.
Así, en su dictamen, la Contraloría exigió que fuera la Superintendencia de Casinos la entidad a cargo de certificar que cada máquina cumpla la condición para ser calificada de destreza.
El tribunal de alzada acogió el recurso de Fiden en agosto pasado, pero la Contraloría apeló a la Corte Suprema y en los próximos días el ministro Carlos Aránguiz dará a conocer el fallo, el que se encuentra en acuerdo. ●