Ministro Muñoz advierte a isapres sobre “bien común”
El ministro realizó consideraciones en virtud de que las firmas son parte de la seguridad social.
El fallo de la Corte Suprema incluye una consideración del ministro Sergio Muñoz en la cual se expone que, si bien las isapres han optado de participar voluntariamente de un sistema de seguridad social, no resulta atendible “que tengan en vista intereses distintos al bien común”.
El ministro argumenta que los contratos de salud de las isapres no pueden ser objeto de alzas por aplicación de la tabla de factores de edad y sexo, ya que “carecen de validez jurídica” desde que se derogaron los artículos que sustentaban su elaboración, en 2010, por el Tribunal Constitucional. Asimismo, afirma que no se pueden aplicar cuando ingresa una nueva carga al plan.
El ministro Muñoz va más allá y destaca que el sistema de salud privado actúa como un cooperador del Estado en función de servicio público y que opera sobre la base del 7% de cotización legal para salud, la que, plantea, no puede incrementar sin mediar la voluntad del afiliado.
Para Muñoz, es ese aspecto el que impide a una isapre modificar los costos de un plan por la incorporación de un recién nacido, y lo compara con Fonasa, donde “son afrontados por el sistema público sin aumentar los costos”.
Por ello, sostiene que “no resulta atendible que las instituciones de salud previsional, en cuanto colaboradores de una función de servicio público, tengan en vista intereses distintos al bien común y que no consideren lo dispuesto por nuestra Carta Política en su Artículo 1°, con mayor razón si han decidido participar voluntariamente en el modelo de salud previsto por el legislador”. Ello, refiriéndose a que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Al respecto, el exsuperintendente de Salud y académico de la U. Central, Sebastián Pavlovic, explica que, si bien en 2010 el TC derogó los artículos que permitían la elaboración de la tabla de factores, no abolió su existencia. Sin embargo, destaca que, tras esa derogación y lo manifestado por los tribunales en el último tiempo (ver nota
central), están generando un vacío normativo que urge subsanar. “Si bien hubo un llamamiento a los poderes colegisladores a resolver eso, en ocho años no se ha resuelto, y el sistema ha seguido funcionando, cada vez con mayores problemas de inconsistencias internas que no logran ser resueltas por vía administrativa”, indicó.b