MAX COLODRO
Eugenio Tironi tiene razón: la victoria del No en el plebiscito de 1988 vino a sentenciar el fracaso de la política de Rebelión Popular impulsada por el PC desde comienzos de esa década. Pero hay algo que Tironi no dice: la decisión opositora de participar en el plebiscito también implicó el fin de la “vía pacífica” para derrocar a la dictadura. En efecto, en el transcurso de 1987 las fuerzas políticas contrarias al régimen se fueron resignando a que las protestas y la movilización social (pacífica y violenta) no iban conseguir alterar el cronograma institucional fijado en la Constitución del 80; en simple, no había posibilidades de derrocar a Pinochet y no quedaba entonces más alternativa que aceptar sus “reglas del juego” y tratar de removerlo del poder por la vía electoral.
El peso y las implicancias de esta dura realidad son el origen de muchas “singularidades” de nuestra transición a la democracia: una transición hecha en los marcos de una institucionalidad impuesta en dictadura, con senadores designados, comandantes en jefe inamovibles, sistema binominal, Consejo de Seguridad Nacional, y con Pinochet en la jefatura del Ejército por ocho años más, luego de lo cual podría disfrutar de un cargo de senador vitalicio. Si no consiguió terminar sus días en el Senado fue por efecto de decisiones tomadas por un juez español y autoridades inglesas, no una conquista del pueblo chileno.
Pero además, la imposibilidad de derrocar a la dictadura dejó incólume su modelo económico, impidiendo incluso que las turbias privatizaciones hechas en las postrimerías del régimen pudieran ser revisadas en democracia. En síntesis, la continuidad institucional y del “modelo” fueron el precio que hubo que pagar, cuando se acepta que no existe más alternativa para sacar a Pinochet del gobierno que el plebiscito establecido en su propia constitución. Y los efectos de esta implacable verdad histórica se proyectan hasta el presente, por encima de ese “tupido velo” con que se quiso negarla o, al menos, disimularla. De algún modo, buena parte del “malestar” y de la desafección que importantes sectores de centroizquierda sienten hoy hacia la transición tiene su origen en este factum. Que es precisamente el que se desencadena a partir de 2010, cuando la derecha vuelve al poder convertida en una mayoría democrática, generando en no pocos concertacionistas la insólita tentación de lanzar toda su obra por la borda.
Si un segmento importante de la centroizquierda todavía siente que el Chile de las últimas décadas –el país de la modernización capitalista- es en el fondo una herencia del régimen militar, ello es consecuencia de una transición que se inicia con la incapacidad de derrocar a Pinochet y de echar abajo su institucionalidad; una “derrota” que pudo luego ser sublimada por el triunfo en el plebiscito y por los notables avances generados durante de la transición, pero que a pesar de ello sigue teniendo efectos políticos treinta años después.
Sin ir más lejos, dos de los rasgos exhibidos por la centroizquierda desde 2010: la tentación de renegar del Chile de la Concertación y de abrirse a delirios refundacionales, tienen su génesis en esta realidad dura, dolorosa y hasta ahora no asumida.
La continuidad institucional y del “modelo” fueron el precio a pagar al aceptar el plebiscito.