ACERTADA PROHIBICIÓN DE “TRAGAMONEDAS”
La proliferación de máquinas “tragamonedas” fuera de casinos se ha vuelto un problema masivo, que ha obligado a las autoridades a tomar una postura respecto a su eventual regulación; en paralelo, la Fiscalía abrió una causa para investigar posibles delitos de lavado de dinero y financiamiento ilegal de la política.
Más allá de esta arista judicial, se hace necesario evaluar qué nivel de injerencia debe tener el Estado en este ámbito. Por un lado, los promotores de esta forma de entretenimiento han argumentado que estos dispositivos desafían la destreza de los jugadores y que, por esta razón, no pueden quedar regulados bajo la Ley de Casinos, que abarca los juegos de azar. Sin embargo, hay otros elementos de juicio que es necesario incorporar en el análisis. Diversos estudios revelan que un acceso indiscriminado al juego por dinero conlleva externalidades indeseables para una economía, como por ejemplo el aumento de patologías como la ludopatía o el alcoholismo, entre otros fenómenos.
Con el propósito de activar inversiones turísticas en regiones y minimizar los efectos negativos del juego, en 2005 se creó la institucionalidad de Casinos de Juego, con la promulgación de la ley 19.995. Mediante esta iniciativa legal se determinaron los lugares donde podrían operar los establecimientos asociados a los juegos de azar y los requisitos que éstos debían cumplir para instalarse; además, se creó una superintendencia para fiscalizar dicha actividad. Como es de suponer, los recursos que se le otorgaron a esta repartición correspondieron a la cantidad de casinos que estaban bajo su supervisión.
Sobre este marco regulatorio se atrajeron cuantiosas inversiones, muchas de las cuales estuvieron asociadas al desarrollo explosivo de la actividad turística en diversas regiones del país. Un estudio reciente de la Superintendencia de Casinos reveló que, luego de la entrada en vigencia de la nueva normativa, el aporte a las regiones y municipios por concepto de impuestos específicos pasó de $ 2.248 millones en 2008 a un total de $ 50.688 millones en 2017.
Frente a todo lo anterior, es que la decisión final del gobierno de prohibir las máquinas tragamonedas fuera de los casinos es acertada. El país discutió y aprobó un marco regulatorio que permite la inversión y el desarrollo de una industria del juego -bajo requisitos fiscalizables por una autoridad competente-, lo que debe ser respetado.