Regular para sentirse bien
Hace unos días estuve en un diálogo sobre salud, comercio e innovación en Bogotá, en que se abordó el rol de la innovación para enfrentar los desafíos de la salud en América Latina. En particular, se discutió sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial para facilitar la innovación y promover el desarrollo de capital humano avanzado en las diversas jurisdicciones, en beneficio de todos. El título de esta columna lo tomé prestado de una frase similar, mencionada en el encuentro, pues me parece que describe una forma de regular que se ha venido instalando en nuestro país y que resulta preocupante.
Me refiero a aquellos no pocos casos en que se proponen, de buena fe, regulaciones que “hacen sentir bien” a las autoridades que las promueven, que aparecen como políticamente correctas y que se acompañan de empáticas explicaciones, seguidas de un mensaje final con el que es imposible disentir, todo ello para dar solución a un problema de política pública. Sin embargo, el dilema es que se trata de propuestas que no se basan en la evidencia y en la experiencia de jurisdicciones que han emprendido esos rumbos, con malos resultados. Son una suerte de posverdades regulatorias, que circulan en los más diversos formatos y cuyo punto en común es la perspicacia de haber conectado oportunamente con alguna preocupación, por cierto real y muy relevante, de un segmento de la ciudadanía. Como “nos hacen sentir bien”, rápidamente encuentran eco en diversos foros y terminan instalándose como “EL” remedio al problema. El gran inconveniente es que, por empáticas que sean, ofrecen soluciones que, datos en mano, a la larga han probado ser incorrectas y terminan perjudicando a quienes se ha querido proteger.
Actualmente se tramita en el Congreso el proyecto de Fármacos II. Se trata de una iniciativa importante que el gobierno ha hecho suya por la vía de indicaciones y que, en términos generales, apuntan en la dirección correcta, para facilitar el acceso a medicamentos y disminuir el gasto de bolsillo de las personas. Sin embargo, también se han presentado numerosas indicaciones parlamentarias, algunas de las cuales coinciden, a mi juicio, con la descripción del título de esta columna y que, lejos de resolver el problema, lo agravarán al pretender categorizar a los medicamentos como bienes de “utilidad pública” (sin que se contemplen recursos del Estado para las eventuales compensaciones); fijar precios de los fármacos y socavar la protección que brinda la propiedad industrial (la que se percibe, equivocadamente, como un impedimento al acceso de bienes y servicios) por la vía de ampliar el alcance de las licencias no voluntarias, incorporando elementos discrecionales en esa determinación. Cabe así llamar la atención sobre la tramitación de este proyecto de ley, para que las pretendidas buenas intenciones no terminen por crear barreras innecesarias a la inversión y al comercio, y por obstaculizar la innovación, crucial para un área tan prioritaria.