PROPAGACIÓN DE VIOLENCIA EN LICEOS PÚBLICOS
Es grave que al interior de los establecimientos existan organizaciones que alienten el vandalismo entre los estudiantes.
La inusitada violencia que se ha visto a lo largo de este año en varios de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, ha llevado a preguntarse por el origen del fenómeno, ya que parece poco probable que actos como rociar a profesores y funcionarios con bencina, el destrozo de la infraestructura con métodos incendiarios o el ataque a personal de Carabineros con bombas Molotov -cuyos autores se guarecen en overoles blancos-, ocurran de manera espontánea o constituyan una evolución “natural” de las formas de protesta estudiantil.
Una investigación realizada por este medio ha dado valiosas luces para comprender mejor dicho fenómeno, al revelar que detrás de estos grupos violentistas hay distintas organizaciones enquistadas en varios de estos liceos, las que además de coordinar estas “movilizaciones” para lo que se valen de páginas en redes sociales-, difunden mensajes de fuerte odiosidad en que llaman a los estudiantes a “luchar” y a defenderse contra un “sistema opresivo”.
Así, en el Liceo de Aplicación operan los colectivos Aplícate, Acción Colectiva y Colectivo Autónomo, en que predominan visiones anarquistas; también podrían estar operando allí grupos de afinidad lautarista. Para el caso del liceo Manuel Barros Borgoño se han podido identificar a los grupos Trawun y Borgoño Rebeldía Organizada; por su parte, en el Internado Barros Arana funciona el colectivo INBA Consciente y Rebelde, que agrupa a estudiantes de tendencia mirista. Incluso se dictarían clases “extraprogramáticas” para promover o adoctrinar sobre formas de lucha radicales.
Es un hecho preocupante que estas organizaciones que entienden la legítima protesta y crítica social como “resistencia violenta” puedan estar cooptando a alumnos de estos establecimientos sin mayores dificultades, pudiendo llevar a cabo un adoctrinamiento cuya base por lo general descansa en la violencia. Aun cuando la Constitución asegura la libertad para difundir opiniones, al tratarse de establecimientos en cuyas manos está la delicada tarea de formar personas, no es aceptable que las formas de protesta violenta se naturalicen. Así como la sociedad está estableciendo límites muy estrictos para erradicar prácticas como la xenofobia, el racismo y la discriminación a las minorías, no puede descuidar que la incitación al odio disfrazada de protesta social es también una práctica que atenta contra valores esenciales, especialmente cuando los destinatarios de dichos mensajes son menores de edad en plena etapa de formación.
Afrontar estos graves cuadros de vandalismo en nuestros colegios públicos es una obligación ineludible, ante lo cual cabe tomar conciencia de que la violencia extrema se está volviendo un problema serio, cuya solución no puede descansar únicamente en dotarse de leyes más estrictas que endurezcan las sanciones -esa es una dimensión desde luego insoslayable-, sino sobre todo que la sociedad entregue señales inequívocas de que la violencia -así como cualquier acción de fuerza- no admite justificación, lo que supone neutralizar con decisión a quienes irresponsablemente propagan y justifican acciones de esta naturaleza.