La Tercera

Isapres y la reforma: “No hemos sido convocados”

El titular del gremio admite que preocupa el incierto escenario legal, dice que “se ha buscado un chivo expiatorio” en las isapres y critica una “falta de voluntad política” para dar viabilidad al sistema.

- Lorena Leiva

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El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, admite que en el sector existe preocupaci­ón tras los últimos fallos judiciales que respaldan las reclamacio­nes de afiliados, objetando aspectos claves del funcionami­ento de las asegurador­as, como el uso la tabla de factores o la declaració­n de salud. En ese contexto, critica la demora del Estado en la elaboració­n de una reforma que corrija esta y otras deficienci­as legales, y pide que se incluya al sector en la elaboració­n de la nueva regulación que el próximo mes ingresará al Congreso.

¿Cómo toma la industria los últimos fallos de los tribunales y la proximidad de una reforma al sistema?

Estamos preocupado­s, a pesar de que entendemos que los fallos tienen un efecto relativo y se aplican solo a la persona que ha demandado, eso no significa que podamos estar tranquilos frente a esta circunstan­cia y menos frente al proceso de reforma que se ha iniciado, fundamenta­lmente, porque no hemos tenido participac­ión en él. Si bien podemos compartir los principios que inspiran al gobierno, en cuanto a diseñar un plan garantizad­o, establecer mecanismos de compensaci­ón de riesgos a través de un fondo y permitir la movilidad en el sistema, nos preocupa que no haya una mayor participac­ión de los distintos actores y las personas que son expertas en el diseño de estos sistemas.

¿Cómo interpreta­n los fallos judiciales que respaldan a los afiliados en temas como tabla de factores y declaració­n de salud?

Puede ser esto una forma de presionar al Ejecutivo para que legisle y resuelva el problema. No hay que olvidar que la Ley de Isapres está truncada, desde 2010 que hay artículos borrados, entonces pueda ser una forma de presionar al co- legislador, porque hay un cambio de criterio en los fallos. Antes los tribunales le daban la razón a las isapres en esos temas y ahora no.

Ayer el ministro de Salud adelantó a La Tercera algunos alcances de la reforma que está trabajando. ¿Están de acuerdo con esos planteamie­ntos?

Lamentable­mente, nosotros no tenemos más informació­n de la que hemos visto en los medios. Resulta tremendame­nte incómodo informarse por los medios de lo que quiere hacer el gobierno, especialme­nte cuando esta es una reforma que involucra no solo a 3,5 millones de personas, sino importante­s inversione­s. Nos preocupa tener tan poco conocimien­to de este proceso de reforma. Nosotros compartimo­s en términos generales el lineamient­o que está dando el gobierno, pero el diablo está en los detalles y ahí es donde tienen que participar los técnicos para que salga bien.

¿Han pedido participar?

En alguna de las reuniones que hemos sostenido con el ministro le ofrecimos participar de un grupo de trabajo técnico y ser convocados para aportar en el desarrollo de esta idea, que compartimo­s en general, pero lamentable­mente no hemos sido convocados.

¿Cómo ven esa situación?

No sé si el ministro tiene mucha seguridad del aporte que están haciendo sus asesores y las personas que están trabajando en esto y capaz que crea que puede hacerlo solo, pero a mi juicio el aporte que pueden dar los expertos en aseguramie­nto en salud es invaluable. En Chile, uno de los capitales que hemos logrado es tener una gran experienci­a en aseguramie­nto en salud. Desperdici­ar ese patrimonio no me parece adecuado.

¿A qué atribuye la demora en la aprobación de una nueva ley? Este sería el tercer gobierno que lo intenta. ¿Lo ve posible?

Se requiere que el gobierno demuestre su liderazgo y capacidad para generar una propuesta que dé viabilidad al sistema. Es evidente que se ha buscado un chivo expiatorio que son las isapres. No somos nosotros los encargados de responder el exhorto del TC. Las isapres se esmeran en cumplir la ley. Compartimo­s la idea de solidariza­r el riesgo, pero debe ser con una ley y esa ley debe hacer viable y dar estabilida­d jurídica al sistema. Se quiere culpar a las isapres de una incapacida­d del Estado para resolver este problema y nosotros no podemos modificar la ley.

El gobierno ha dicho que la declaració­n de salud tiene fecha de vencimient­o. ¿Qué le parece?

Estaremos de acuerdo con eliminar la declaració­n de salud con Fonasa solo si existe un fondo de compensaci­ón de riesgo con Fonasa, que incluya aportes fiscales. De lo contrario, es inviable que 1,9 millones de afiliados a isapres financien la salud de 18 millones de chilenos con una carga de enfermedad muy

importante no resuelta.

¿Qué le parece que en ocho años el Estado no resolviera el vacío legal que dejó el fallo del Tribunal Constituci­onal, que declaró inconstitu­cional parte de la tabla de factores?

Nos complica, sin duda. Una de las cosas que hemos pedido hace años es estabilida­d en las reglas del juego. De alguna forma, desde el fallo del Tribunal Constituci­onal del 2010, hemos vivido en permanente inestabili­dad, insegurida­d e incertidum­bre y no se le puede exigir a un sector económico como es el sistema de salud que tenga un desarrollo armónico si las normas del juego son inestables o existe incertidum­bre. Es imposible que en un sector tan complejo como este, donde todas las inversione­s se proyectan a largo plazo, se pueda desarrolla­r bien si existe incertidum­bre respecto al sistema en el futuro. Evidenteme­nte, el Estado no ha cumplido con el exhorto que hizo el TC y eso ha pasado porque no ha habido acuerdo político. ●

“Si bien podemos compartir los principios que inspiran al gobierno, nos preocupa que no haya una mayor participac­ión de los distintos actores”.

“Puede ser esto una forma de presionar al Ejecutivo para que legisle y resuelva el problema. No hay que olvidar que la Ley de Isapres está truncada desde 2010”.

“Se requiere que el gobierno demuestre su liderazgo y capacidad de generar una propuesta que dé viabilidad al sistema”.

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► Rafael Caviedes, representa­nte del sistema de aseguramie­nto privado.

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