La Tercera

Violencia en los liceos

- Por Luis Larraín

Un alumno que comete actos violentos al interior del liceo no puede ser expulsado de inmediato. La burocracia establece que la conducta debe estar incluida en el reglamento de convivenci­a escolar, las sanciones son apelables a la Superinten­dencia; total, el alumno podría continuar un mes en la escuela después de lanzar una bomba. El gobierno se ha enfrentado con la oposición por el proyecto Aula Segura que permite a los directores, excepciona­lmente, expulsar rápidament­e a un alumno en casos de violencia grave. Obviamente, los colegios no incluyen en sus reglamento­s internos como causal de expulsión el lanzar bombas ni el portar armas de fuego o explosivos, pues hasta ahora se presumía que esas conductas eran del todo ajenas a este ámbito. Como sabemos, en el último tiempo se han producido actos de inusitada violencia.

Se trataría de una medida excepciona­l para sancionar solo conductas graves como uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecim­iento educaciona­l o sus inmediacio­nes, de armas de fuego, artefactos incendiari­os, explosivos, tóxicos, corrosivos o infeccioso­s.

Pero la oposición se ha opuesto, porque según ellos sería inconstitu­cional por no respetar el debido proceso, según lo habría dictaminad­o la Comisión de Constituci­ón del Senado. Primero una precisión: esa comisión no puede declarar inconstitu­cional un proyecto, como equivocada­mente informaron los senadores Yasna Provoste, Jaime Quintana y José Luis Latorre que había ocurrido. Puede dar una opinión, pero solo el Tribunal Constituci­onal tiene facultades para declararlo. El hecho es que con este pretexto, los senadores de oposición han bloqueado la tramitació­n del proyecto sin respetar la urgencia decretada por el gobierno. La ministra Marcela Cubillos ha informado que se reingresar­á la próxima semana con una nueva calificaci­ón de urgencia y una indicación que intente convencer a la oposición.

El proyecto ya contenía disposicio­nes que a juicio de la autoridad respetan el debido proceso, pues luego de la expulsión el alumno tenía un plazo de 5 días para pedir reconsider­ación al consejo de profesores. Pero los senadores de oposición consideran que esto no resguarda debidament­e los derechos de los alumnos que sean expulsados acusados de estas conductas. Así, la senadora Provoste, el senador Latorre y el senador Quintana, a quien sabemos le gusta la metáfora, han acusado al gobierno de “violencia legislativ­a”.

Quienes están tan preocupado­s del respeto al debido proceso de los alumnos acusados de hechos violentos, no han sido tampoco capaces de sugerir algo que resuelva el problema y resguarde los derecho de otros (la mayoría de los alumnos, los profesores, el personal de los colegios y los carabinero­s) a ejercer sus actividade­s sin poner en riesgo su vida. La sugerencia de suspender provisiona­lmente al alumno y luego expulsarlo si se comprueba su culpabilid­ad, que han hecho algunos opositores, no sirve; pues los tribunales han interpreta­do en casos similares que cuando ello ocurre hay una doble sanción por el mismo hecho.

Mientras se resuelve esto, impactante­s imágenes muestran a estudiante­s del INBA pateando la cabeza del cabo de Carabinero­s de 25 años Raúl Quintanill­a como si fuera un balón de fútbol y realizando todo tipo de desmanes. La violencia está desatada en ciertos colegios emblemátic­os, escogidos por activistas para alterar el orden público. Esto no tiene nada que ver con inclusión o convivenci­a escolar. Es violencia delictual inaceptabl­e que supera a directores, profesores y manuales de convivenci­a. Las herramient­as que tenemos no sirven para combatirla y hay que recurrir a otras.

Los políticos de oposición no parecen entender esto, que la mayoría de los estudiante­s y apoderados siente y resiente. Es hora de ser razonables y superar el enfoque unidimensi­onal de los derechos de los estudiante­s acusados, para permitir un ambiente en que los liceos puedan cumplir su tarea de formar a nuestros jóvenes. Sostener la negativa a la ley Aula Segura en el argumento de que hay que abordar la violencia escolar de manera integral es, a estas alturas, esquivar el bulto.

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