MAX COLODRO . JUAN MANUEL VIAL
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Sin diagnóstico ni autocrítica respecto a la derrota política de la Nueva Mayoría; sin necesidad de hacerse preguntas ni buscar respuestas a los elevados niveles de rechazo que generaron sus emblemáticas reformas, la centroizquierda chilena comienza a dar pasos para converger en torno a algo que ni siquiera han sabido explicar. O que simplemente intuye que es preferible mantener oculto.
No deja de ser una ironía que la misma semana en que el fenómeno Bolsonaro terminó de hundir al “progresismo” brasilero, varios de los dirigentes políticos chilenos que enviaron una carta exigiendo la libertad de Lula, es decir, de un expresidente condenado por corrupción, se mostraran consternados por el avance de la “ultraderecha”. Y que levantaran la voz exigiendo un rechazo categórico al candidato triunfante en primera vuelta, cuando mantuvieron por años un solidario silencio frente a las irregularidades y escándalos cometidos por el partido del propio Lula.
Con seguridad, equivalente inconsistencia es la que se verá ahora reflejada en la discusión sobre la convergencia de la centroizquierda chilena. Un proceso que estará lleno de contrapuntos, donde se exigirán definiciones en torno a las violaciones a los DD.HH. en Venezuela o en Cuba, y en el que “sólidos principios” y “profundas convicciones” serán presentados como límites infranqueables. Pero, al final, todas las diferencias y debates quedarán reducidos a lo que en realidad son: disputas de hegemonía en un sector que no tiene ya claridad respecto a su proyecto político, completamente inhábil para responder a los desafíos planteados por su larga espiral de deterioro local y mundial. Fuerzas políticas que con tal de volver al gobierno después de su derrota en 2010, estuvieron dispuestas a entregarse en brazos de la popularidad de Michelle Bachelet, al precio de terminar cuestionando y renegando de los avances de una transición a la democracia que encabezaron por veinte años.
Esta vez será igual: a medida que los desafíos electorales se vayan aproximando, lo único relevante será sumar fuerzas, haciendo para ello todas las concesiones que sean necesarias. En dicha circunstancia las violaciones a los DD.HH. en Venezuela o en Cuba no le importarán a nadie, y desde la DC al PC tendrán la certeza de que si no logran una convergencia electoral con el Frente Amplio, las posibilidades de impedir otro gobierno de derecha serán mínimas. De algún modo, los precedentes de 2009 y 2017 pesan hoy más que un millón de convicciones: cuando la centroizquierda compitió dividida en primera vuelta, no logró sumar toda su votación en balotaje y perdió la elección. Por tanto, si en 2021 los partidos tradicionales de la centroizquierda no logran seducir y converger con el Frente Amplio en una candidatura única, sus posibilidades de éxito serán muy exiguas.
Así las cosas, después de un largo periplo de discusiones principistas, de amenazas de exclusión y búsqueda de la identidad perdida, todo terminará en el único cause posible: el de las concesiones sin límite, buscando con desesperación una fórmula para acercarse al Frente Amplio, de no quedar fuera del acuerdo, y encontrando cada uno la manera de hacer de su “sacrificio” o su “gesto de responsabilidad”, algo presentable ante la opinión pública.
Tras arduos debates principistas, todo terminará igual en la centroizquierda: concesiones sin límite.