Reformas en Consejo de Defensa del Estado
Un aspecto fundamental es que se cierren los espacios de discrecionalidad en la nominación de sus consejeros.
La renuncia de Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) constituye un hecho inevitable y viene a culminar un proceso crítico que comenzó desde el mismo momento de su designación. Durante su ejercicio debió inhabilitarse en varias oportunidades debido a su vinculación con sensibles procesos asociados a fraudes al fisco en Carabineros, el programa Ascar en el Sename y contratación de asesores en Gendarmería -en todos ellos la Justicia no ha emitido ninguna sentencia condenatoria en su contra-, donde precisamente el Consejo debe intervenir.
Desde el inicio fue cuestionado su nombramiento en esa institución por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, especialmente atendida la situación revelada en distintas investigaciones relativas a las condiciones de los niños al cuidado del Estado a través del Servicio Nacional de Menores, repartición que dependía de la cartera de Justicia donde Blanco se desempeñó como ministra, y que incluso la llevó a enfrentar una acusación constitucional. Y si bien son procesos que están en investigación, la decisión de la exconsejera es un paso positivo por cuanto despeja un factor de perturbación al interior del CDE y permite que exista una nueva designación que pondere adecuadamente los méritos y antecedentes para evitar que se cometan los mismos errores.
En este contexto, es pertinente que el Presidente de la República haya anunciado que está en plena elaboración un proyecto de ley para modernizar el CDE. De acuerdo a los lineamientos generales que ha entregado, la iniciativa buscaría hacer más exigentes los requisitos que deban cumplir los consejeros, exigir exclusividad en el ejercicio y que se termine con el carácter vitalicio -el cargo se puede ejercer hasta los 75 años de edad-, todo lo cual va en la línea de modernizar la institucionalidad de esta repartición clave, a cuyo cargo está la defensa judicial de los intereses del Estado.
Se abre una instancia para debatir en profundidad el diseño del CDE, sus facultades y herramientas, sin perder de vista la necesaria autonomía e independencia de que goza hoy y que se estima necesaria para la consecución de sus fines. Las propuestas del Ejecutivo no contravienen eso, y aun cuando será necesario despejar las dudas en relación a cómo enfrentar el mayor costo que puede importar exigir la exclusividad en el ejercicio profesional a destacados litigantes, fijar plazos al ejercicio del cargo es consistente con el que tienen otros cargos relevantes en la institucionalidad del Estado, como los consejeros del Banco Central.
Con todo, cabe esperar que dentro de las reformas se incluya un mecanismo diferente para la designación de los consejeros, que actualmente es una prerrogativa de exclusividad del Presidente de la República. Lo sucedido con la exministra Blanco es justamente el resultado de la discrecionalidad de la que hoy goza el mandatario y nada garantiza que no pueda repetirse una nominación por razones puramente políticas. Una intervención del Senado en el proceso de nombramiento, como se hace en otros casos, podría dar mayor equilibrio y abrir un espacio que evite que favoritismos definan tan delicada función.