Justicia prepara proyecto de ley sobre reinserción
Convenio público-privado en que participará la CPC fomentará que los internos salgan de la cárcel capacitados y con un empleo formal.
A un mes desde que asumiera el nuevo gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, invitó a su despacho al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Sweet. El motivo de la cita era comenzar a elaborar un acuerdo público-privado que fomente la reinserción de personas privadas de libertad, a través de la contratación de estas una vez salgan de prisión.
Tras ese encuentro, las tratativas quedaron en manos de asesores ministeriales, Sergio Torretti -presidente de la Cámara Chilena de la Construcción- y representantes de la sociedad civil, quienes han avanzado hasta el punto de existir certeza en las principales características de un proyecto que se iniciaría en 2019, y para el que solo falta la aprobación del Presidente Sebastián Piñera, quien tendrá una reunión en las próximas semanas con el titular de Justicia, para conocer los detalles de esta propuesta.
El programa, que se iniciará como piloto en 2019, con presencia en un centro penitenciario de cada región del país, comenzará su intervención al interior de las cárceles. A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), con proyectos directos o de terceros vía franquicia tributaria, se capacitará a los internos, quienes podrán egresar con un precontrato laboral por un año o recibir una oferta cuando salgan del encierro. A partir de allí, será la sociedad civil la que acompañe la reinserción durante los primeros seis meses, para dar seguimiento y guía a las personas.
Esta última tarea se evalúa traspasarla al Sence, a través de una modificación normativa que le permita poder actuar más allá de las capacitaciones.
“Por esta vía va a disminuir de forma seria y efectiva la reincidencia. No solo les damos una segunda oportunidad a quienes han sido condenados, sino que, además, nos preocupamos de darle a la sociedad la tranquilidad de que estas personas no vuelvan a delinquir”, señaló Larraín.
En este sentido, desde Justicia aseguran que la inicia- tiva irá más allá de los reos de bajo riesgo, logrando ser una alternativa para aquellas personas más conflictivas. El objetivo es lograr, en dos o tres años, abarcar el 100% de las cárceles.
Para Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, fomentar la inserción laboral de los reos, a través de este proyecto, les “permitirá desarrollar perfiles y comportamientos que permitan gradualmente adquirir las competencias necesarias, tanto en lo laboral como en lo emocional”.
Proyecto de ley
A partir de este objetivo, en Justicia se trabaja en un proyecto de ley misceláneo que aborde la reinserción social, el que modifique distintos cuerpos legales, como el Código del Trabajo, la Ley de Inclusión o la normativa de los incentivos tributarios.
La eliminación de antecedentes es otro aspecto que se estudia, dando paso a una actualización automática de este informe, que distinga la gravedad de los delitos y el cumplimiento de los mismos.b