La minuta con los cambios al CDE
Anteproyecto de Justicia establece remuneraciones, sistema de nombramientos y causales de remoción.
14 POLÍTICA
En una minuta que elaboró el Ministerio de Justicia están contenidos los ejes del anteproyecto de la iniciativa que ingresará el gobierno para modificar el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Si bien la propuesta estaba contemplada en el programa del Presidente Sebastián Piñera, tomó fuerza luego de que Javiera Blanco renunciara a su cargo de consejera del organismo, en medio de la investigación por su presunto vínculo con las irregularidades ocurridas en el Sename. De hecho, fue el propio Piñera quien mencionó el lunes pasado, en entrevista con La Tercera, algunos de los puntos que se busca cambiar, entre ellos, establecer dedicación exclusiva del cargo.
En la minuta, a la que accedió este diario, se plantea un plazo para el envío de la iniciativa al Parlamento y se detallan 11 puntos en los que se busca realizar modificaciones a la ley orgánica del organismo.
“Se recibieron comentarios del Consejo de Defensa del Estado que se encuentran en evaluación y que se tendrán presentes en la elaboración del proyecto final, junto con otras observaciones que se recibirán. El Ejecutivo estima contar en el mes de diciembre de 2018 con una propuesta, para presentarla en el mes de enero de 2019 al Congreso Nacional”, se señala en el texto.
Entre las modificaciones está el cambio al sistema de nombramientos. “El anteproyecto establece que exista un llamado a concurso público realizado por el subsecretario de Justicia en el que se establecerá el perfil profesional y los conocimientos especializados requeridos para ocupar el cargo, oyendo para estos efectos la opinión del Consejo”, se afirma en el documento, añadiendo que “luego del concurso público, un órgano colegiado será el encargado de elaborar una terna entre los candidatos que hayan cumplido los requisitos establecidos en el concurso”. Esto será para todos los cupos de consejeros.
Ese órgano colegiado, se afirma, estará integrado por el ministro de Justicia, un representante de la Corte Suprema, un representante del Consejo de Alta Dirección Pública y un decano de una Facultad de Derecho que se encuentre acreditada por un mínimo de cinco años, elegido por el Senado. “El Presidente de la República elegirá a un consejero de entre los tres que hayan sido propuestos por este órgano”, añade el texto.
El segundo punto establece nuevos requisitos para ser nombrado consejero. El anteproyecto agrega un criterio que “se suma a los dos que ya establece la ley (contar con título de abogado y con experiencia profesional de a lo menos 15 años): tener una reconocida trayectoria profesional”.
Un tercer punto establece que “con el fin de fortalecer al órgano e incentivar la carrera funcionaria y el mérito, el anteproyecto de ley propone que el Consejo esté integrado por al menos cuatro funcionarios que provengan de la misma institución”.
La propuesta de Justicia. además, regula las remuneraciones de los consejeros, estableciendo que el presidente del CDE perciba una remuneración bruta mensual equivalente a la de un ministro de Estado, y que la del resto de los consejeros sea equivalente a la de un subsecretario.
Además, tal como adelantó Piñera, se establece un plazo de duración para el cargo, argumentando que “no se justifica la perpetuidad en el ejercicio”. Así, se propone que los consejeros duren 10 años o hasta cumplir los 75 años de edad. Y también se establece la exclusividad en el ejercicio del cargo. “Ningún consejero podrá realizar bajo ninguna hipótesis la defensa de intereses particulares en juicio, y solo podrá desempeñar actividades profesionales de otro tipo si así lo autoriza el propio Consejo”, se señala.
De igual forma, se establecen “nuevas” causales de remoción de los consejeros: “negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio del cargo o falta grave a la probidad”. Junto con eso, se fija un nuevo sistema para concretar una remoción. “El proyecto establece que el consejero será removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los diputados en ejercicio”, se señala. También se plantea un nuevo procedimiento para que el consejero se inhabilite para conocer de un determinado asunto. “En caso que el consejero se encuentre frente a un posible conflicto de interés, solicitará la opinión al Consejo, quien se pronunciará sobre el tema teniendo como fuente legal el Estatuto Administrativo y el Código de Ética. Emitida la opinión por el consejo, quien toma la decisión de inhabilitarse de conocer de un determinado asunto es el consejero”, dice la minuta.
Además, se propone la obligación de realizar una cuenta pública anual y ampliar las facultades del consejo a asuntos internacionales si es que el Presidente de la República lo estima conveniente.b