. RÁPIDA REACCIÓN DEL EJÉRCITO
El Ejército vivió estos días una de sus semanas más complejas, marcada por lo sucedido en la Escuela Militar, con el homenaje realizado por su hijo -en ese momento oficial activo de esa rama castrense- al brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por violaciones a los derechos humanos, y el procesamiento de quien fuera el segundo hombre de la institución, el general John Griffiths por fraude al fisco. Más allá de sus evidentes diferencias y alcances, es positivo que el Ejército haya actuado con prontitud para enfrentar ambos hechos.
En el caso de lo sucedido en la Escuela Militar, resulta inaceptable y completamente fuera de lugar que se utilice un recinto del Ejército para dar espacio a un acto en honor a un oficial en retiro que cumple una condena de más de 600 años de cárcel por graves delitos que incluyen tortura, secuestro y asesinato. Como señaló el propio Presidente, “en un recinto militar, donde se forman y educan los futuros oficiales, no me parece que se hagan homenajes a personas que han violado los DD.HH.”. Por ello, es valorable la rapidez con que el Ejército actuó, llamando a retiro a quienes por sus acciones u omisiones permitieron el homenaje. Con esto se da, además, una señal clara de condena, con el fin de evitar que situaciones como esa se vuelvan a repetir.
Distinto es el caso y los posibles alcances del procesamiento de quien fuera el segundo hombre de la institución por fraude reiterado al fisco, a través de la sobrecotización de pasajes aéreos. Si bien es positivo que se haya actuado en forma rápida, cursando el retiro del alto oficial “por ser incompatible su situación procesal con su permanencia en el Ejército”, el caso ha abierto una serie de interrogantes que son urgentes de esclarecer. Lo anterior es aún más relevante a la luz de nuevos antecedentes que sugieren que podríamos estar ante una práctica extendida y nunca condenada en la institución.
Según el procesamiento de la jueza Romy Rutherford, el monto defraudado por el ex segundo hombre del Ejército llegaría a más de $44 millones, pero en el período que se investiga –que va de 2009 a 2015hubo más de 1.500 viajes que involucran a otros oficiales y que podrían caer en el mismo esquema. Lo sucedido en el último tiempo en otras instituciones, como Carabineros, exige responder con transparencia y celeridad para erradicar este tipo de prácticas, elevando los estándares éticos y de probidad que requiere toda institución pública. No hacerlo pone en riesgo el respeto y la confianza que debe tener toda institución castrense.