Instituciones y médicos tendrán 15 días para oficializar si rechazan practicar abortos

Reglamento obliga a realizar nuevamente el procedimiento a quienes rechacen realizar abortos.

El reglamento que regula el ejercicio de la objeción de conciencia comenzará a regir en dos semanas, plazo en el cual los centros privados de salud, junto con los profesionales del área que rechacen practicar abortos (ginecoobstetras, anestesistas, matronas y técnicos paramédicos), deberán formalizar su negativa a interrumpir embarazos.

En el caso de las instituciones, la declaración de objeción tendrá que ser visada por las Seremis de Salud correspondientes, que tendrán un plazo de 10 días para responder o pedir más antecedentes. Este trámite en el primer protocolo actualmente invalidado- estaba a cargo del Minsal, por ello, las instituciones que ya habían sido oficializadas como objetoras -las clínicas Indisa y Universidad de los Andes- tendrán que someterse nuevamente al proceso.

Lo mismo ocurrirá con los profesionales de salud, que deberán llenar un formulario y presentarlo ante la dirección del establecimiento donde se desempeñan, indicando ante cuál o cuáles causales de la ley no están disponibles para realizar interrupciones voluntarias de embarazo: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación. Cabe señalar que en el recuento vigente, el 47% de los médico ginecoobstetras se declararon objetores para hacer abortos en caso de violación.

“En virtud de las nuevas disposiciones que entrarán en vigencia el día 7 de noviembre, se hace necesario que aquellas personas naturales e instituciones que ya hayan manifestado su voluntad de ser objetores revaliden su declaración, considerando el nuevo procedimiento que se establece en el decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de Salud”, indicó el Minsal mediante comunicado.

Consultadas al respecto, desde la Clínica Universidad de los Andes señalaron que se mantendrán como objetores de conciencia. Mientras, la Clínica Indisa informó que “respetarán el reglamento”.

A un año de la vigencia de la ley, el Hospital de Osorno no ha logrado llenar las plazas para médicos no objetores, dado que la totalidad de sus profesionales han declarado su negativa a interrumpir el embarazo en el caso de violación.

Ante la negativa local, el gobierno abrió un concurso a nivel nacional para ocupar las plazas, las que hasta hoy no han encontrado interesados.b